Por: Guillermo Alvarado

Estados Unidos e Israel suman esfuerzos para desestimar las investigaciones de la Corte Penal Internacional, CPI, sobre los crímenes de guerra y otras graves violaciones al derecho humanitario cometidas por esos dos países en el Oriente Medio y muchas más regiones en el planeta.

Creada  el 17 de junio de 1998, con sede en la ciudad de La Haya, Países Bajos, como se denomina hoy oficialmente a la antigua Holanda, la entidad está inspirada en los tribunales de Núremberg y Tokio donde al final de la II Guerra Mundial fueron juzgados algunos criminales de guerra del bando perdedor y ninguno de los vencedores.

La CPI entró en vigor en 2002, luego de rebasar con creces las 60 ratificaciones indispensables de sus Estados miembros.

Durante sus primeros años se ocupó casi nada más que de juzgar hechos perpetrados en países pequeños, del llamado tercer mundo, casi todos africanos y con gobiernos poco amigos de las grandes potencias occidentales, concretamente Estados Unidos.

Por eso, al principio este organismo fue más citado por sus notorias omisiones que por sus aciertos, hasta que recientemente hubo alentadoras iniciativas que le han provocado no pocos contratiempos.

La abogada y ex ministra de Justicia de Gambia, Fatou Bensouda, elegida como Fiscal General de la Corte en 2012, ha expresado su voluntad de iniciar investigaciones contra militares estadounidenses por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la ocupación de Afganistán.

Asimismo, es favorable a castigar la política israelí de construir colonias sobre territorios robados a familias palestinas, cuyas viviendas fueron destruidas junto a cosechas y otros bienes.

Tel Aviv denunció una intervención injustificada del tribunal en sus asuntos internos y se declaró víctima de una especie de persecución judicial.

Washington no hizo menos. La primera medida fue retirarle la visa para entrar al país a Bensouda y recientemente amenazó con sancionar a funcionarios de la CPI que intenten investigar a sus militares.

Desde 2002 el Congreso de esa potencia aprobó la Ley de Protección del Personal de Servicio Estadounidense, que no es otra cosa que otorgarle impunidad a sus soldados y oficiales, independientemente del tipo de falta que pudiesen cometer, en cualquier lugar del mundo.

Estados Unidos e Israel son, sin ninguna duda, los mayores violadores de los derechos humanos en el globo y ambos se consideran por encima de la ley y los principios internacionales. Eso sí, lloran como niños cuando alguien se atreve a levantar un dedo acusador contra ellos.