Foto: Archivo
Por Guillermo Alvarado/RHC
El Senado de la República de México aprobó esta semana la realización de un referendo popular, propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador, para que cinco antiguos gobernantes de ese país sean enjuiciados por diversos delitos, presuntamente cometidos durante su administración.
Se dio luz verde así a la decisión adoptada antes por la Suprema Corte de Justicia y el expediente pasó a la Cámara de Diputados, donde la coalición Morena tiene una ligera mayoría y cuenta con el apoyo de otros partidos.
López Obrador afirma que la consulta es un paso más hacia la justicia y la reparación de los daños ocasionados al país.
En la propuesta afirma que de 1988 a 2018 esa nación vivió un periodo caracterizado por la concentración desmesurada de la riqueza, privatización de bienes públicos, corrupción generalizada, fraudes electorales, violaciones masivas de derechos humanos y un aumento en la violencia a nivel nacional.
Los expresidentes que eventualmente serían sometidos a proceso son Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo y Enrique Peña Nieto, los tres del Partido Revolucionario Institucional, PRI, así como Vicente Fox y Felipe Calderón Hinojosa, ambos del Partido Acción Nacional, PAN.
Contra Salinas de Gortari figura la entrega de numerosas empresas estatales al capital privado local y foráneo en condiciones lesivas al Estado.
Su sucesor, Ernesto Zedillo, sería responsable por la privatización de bienes públicos, entre ellos los ferrocarriles nacionales, así como del endeudamiento para rescatar a la banca privada en 1998.
Vicente Fox, primer presidente que no perteneció al PRI durante muchas décadas en la historia reciente de México, es vinculado con la extensión del poder del narcotráfico, así como de fraude en las elecciones que perdió López Obrador en 2006, para favorecer a Felipe Calderón, también del PAN.
Éste último comenzó la llamada guerra contra las mafias del trasiego de drogas, que asentó el poder de esos grupos y causó cientos de miles de muertos y desaparecidos.
Peña Nieto habría participado en un esquema de corrupción vinculado a la empresa brasileña Odebrecht y pende de un hilo tras la captura y confesiones hechas por su antiguo subordinado Emilio Lozoya, exdirector del consorcio Petróleos Mexicanos.
Está por verse si las acciones legales contra ellos prosperan o no, pero un voto masivo por el sí en el referendo popular sentará un precedente moral apabullante en México.
