Foto: Archivo/RHC.

Por: Guillermo Alvarado

Ahogada por la avalancha casi mundial de informaciones sobre las elecciones presidenciales en Estados Unidos y la inédita actitud de Donald Trump de desconocer su derrota, pasó casi desapercibido un dictamen de un juez federal de Nueva York que impide la deportación de miles de jóvenes en ese país.

El magistrado Nicholas Garaufis determinó que el secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional, DHS por sus siglas en inglés, Chad Wolf, asumió su cargo de manera ilegal.

De acuerdo con el veredicto, cuando en abril de 2019 renunció la entonces titular Kirstjen Nielsen la administración Trump no respetó los protocolos de sucesión e impuso a las nuevas autoridades en ese departamento.

Como consecuencia, todas las decisiones que se tomaron por parte de Wolf y sus subalternos a partir de ese momento, incluida la suspensión del Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, DACA, carecen de cualquier sustento legal.

Como se recordará, este plan fue creado el 15 de junio de 2012 por el entonces presidente Barack Obama y en la actualidad protege aproximadamente a unas 650 mil personas que cumplan ciertos requisitos, entre ellos haber entrado sin documentos a ese país antes de cumplir los 16 años.

También se exige que residan allí de manera continuada desde 2005, tener una escolaridad media y no haber sido condenados por ningún delito grave.

Hay que señalar que el DACA no concede automáticamente la ciudadanía estadounidense, ni da otro estatus migratorio legal, más que la posibilidad de conseguir trabajo y la certeza de que los acogidos a él no serán deportados.

El 6 de septiembre de 2017 la administración Trump, como parte de su nueva política migratoria, cerró la inscripción de nuevas candidaturas y en junio de 2020 el secretario interino Wolf ordenó la suspensión del programa.

Tras el dictamen del juez Garaufis, este último paso queda sin efecto, lo que fue calificado como un nuevo revés para la Casa Blanca y una victoria para los jóvenes beneficiados por él, los llamados “soñadores”.

Hasta el momento el Departamento de Seguridad Nacional no ha emitido ninguna declaración. Como se sabe, el DHS fue creado después de los ataques del 11 de septiembre de 2001 y tiene entre sus funciones velar por el combate al terrorismo dentro y fuera de Estados Unidos, dirigir la política migratoria, la seguridad fronteriza y cibernética y la prevención de desastres.

Es la tercera estructura más grande del gobierno de ese país con más de 200 mil empleados y un presupuesto muy criticado por su volumen exagerado y ahora resulta que, en realidad, estaba descabezado desde hace un año y medio.