Vanguardia del Pueblo

Por María Josefina Arce

En 1985 nació en Colombia la Unión Patriótica, y desde ese mismo momento comenzaría una larga historia de detenciones, asesinatos, desapariciones y exilio contra los miembros de ese partido que nucleó a la izquierda y a organizaciones sociales y sindicales.

Durante 20 años fue objeto esta organización de una política de exterminio, por la que nadie respondió ante la justicia, aunque era de conocimiento que estaba orquestada por dirigentes políticos, miembros de las Fuerzas Armadas y del paramilitarismo.

En ese tiempo fueron ultimados 9 de los 14 congresistas elegidos en 1986, 11 diputados, 109 concejales, ocho alcaldes y dos de sus candidatos a presidente, Jaime Pardo y Bernardo Jaramillo.

En 1986 se convirtió Pardo en candidato presidencial y en los comicios alcanzó una alta votación. De hecho se ubicó en el tercer puesto, a pesar del corto tiempo de su campaña electoral y en medio de un ambiente de violencia.

Un año después fue asesinado. Molestaban sus denuncias de la peligrosa alianza entre la fuerza pública y los grupos narcoparamilitares.

Tres años después sería Bernardo Jaramillo, también candidato presidencial, víctima de la violencia política. Un sicario lo mató a tiros en el aeropuerto de Bogotá, dos meses antes de los comicios.

A Unión Patriótica se le negó incluso, en 2002 su existencia jurídica, excluyendola durante una década del escenario político colombiano, y sin tener en cuenta la grave persecución de la que era objeto. Doce años después le fue devuelta.

Fueron dos décadas de guerra sucia contra un partido que surgió como un mecanismo para promover una transición en la nación, en medio del diálogo de paz entre la entonces guerrillera Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el gobierno del presidente Belisario Betancur.

Ahora de manera virtual se inició este lunes la audiencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos  de una demanda interpuesta en diciembre de 1993 contra el estado colombiano por el exterminio y violaciones de los derechos humanos de al menos seis mil miembros de la organización política.

La demanda también indica que las víctimas fueron estigmatizadas por funcionarios públicos, quienes aseguraban que los simpatizantes de la Unión Patriótica pertenecían a grupos insurgentes, que la derecha se empeñaba en asociar al narcotráfico.

Como delitos de lesa humanidad fueron declarados en 2014 por la Fiscalía de la nación los crímenes cometidos contra ese partido, con la participación del gobierno de Virgilio Barco, considerado como uno de los más sangrientos de Colombia.

Una triste página de la historia de Colombia que, para muchos, parece repetirse ante el constante aumento de los asesinatos de líderes sociales, indígenas, activistas medioambientales, defensores de los derechos humanos y ex guerrilleros, a pesar de la firma de un acuerdo de paz en 2016.