Piñera apuesta por militarizar el conflicto de la Araucanía. Imagen / theclinic.cl

Por María Josefina Arce

Nuevamente la amenaza y el empleo de la fuerza es la respuesta del presidente chileno, Sebastián Piñera, al justo reclamo del pueblo mapuche sobre sus ancestrales tierras.

Ausente una vez más el diálogo tan necesario para un viejo conflicto, por la discriminación de que ha sido víctima una comunidad despojada de sus derechos y a cuya resistencia se le ha querido endilgar la etiqueta de terrorismo.

La situación hoy en la Araucanía es compleja. Los mapuche han advertido sobre la recuperación de varios predios, entre ellos, uno en la comuna de Nueva Imperial, en la provincia de Cautín, considerado por esa etnia como un lugar santo.

Las tierras están hoy bajo el dominio de la empresa forestal privada PROBOSQUE, la cual, denunciaron, ha reducido la riqueza forestal e hídrica de un sitio profundamente ligado a sus tradiciones.

Asimismo se han registrado ataques incendiarios contra cosechadoras y otras maquinarias, así como contra varios fundos, explotaciones agrícolas de menor superficie.

No olvidemos que en la zona también cohabitan latifundistas y movimientos de ultraderecha como la Asociación de Paz y Reconciliación, que exigen insistentemente el estado de sitio.

Y es la militarización de la región la respuesta del presidente a un complejo panorama, generado por siglos de violaciones de los derechos humanos de los mapuches, bajo el silencio o la mirada cómplice de los diversos gobiernos.

Piñera se decantó por una mayor presencia militar en el área. Ya en junio de 2018 presentó al denominado Comando Jungla, equipado con alta tecnología y cuyos miembros fueron entrenados especialmente en Colombia y Estados Unidos.

Un aumento de las violaciones de los derechos humanos se han reportado en la Araucanía tras la llegada del Comando, involucrado, recordemos en el asesinato en noviembre de 2018 del joven mapuche Camilo Catrillanca.

El presidente chileno también busca una nueva Ley Antíterrorista. Ya Chile cuenta  desde la dictadura militar de Augusto Pinochet con una legislación de este tipo, la cual ha sido aplicada sin miramientos a los miembros de ese pueblo originario.

Bajo esa criticada legislación se han detenido a numerosos miembros de la etnia mapuche. Decenas de ellos se encuentran presos en cárceles públicas, aún en etapa de investigación.

El pueblo mapuche quiere vivir en paz y que le sean devueltas sus tierras. Chile le debe una reparación histórica a esa comunidad, sinónimo de resistencia y dignidad, que hoy presenta altos índices de pobreza por el abandono y la discriminación de los sucesivos gobiernos.