Foto: Archivo/RHC.
Por: María Josefina Arce
En enero pasado asumió un nuevo gobierno en Estados Unidos y a pesar de los incansables y cada vez mayores reclamos de que se ponga fin al bloqueo contra Cuba, la genocida política se mantiene invariable.
Persisten las más de 200 acciones adoptadas bajo la administración del hoy ex presidente Donald Trump, que incluso recrudeció el cerco económico en 2020 , aún cuando la nación caribeña como el resto del mundo libraba una intensa batalla contra la COVID 19.
Uno de los sectores más golpeados, como ha denunciado Cuba, es el de la alimentación. Y si bien estamos conscientes de que hay otros factores que inciden como las adversidades climáticas, la crisis económica que afecta hoy al mundo por la pandemia y ciertas ineficiencias, es sin dudas, el criminal bloqueo uno de los principales obstáculos al que se ha enfrentado el país durante casi seis décadas, y especialmente en los últimos cuatro años.
En un reciente informe el PMA, Programa Mundial de Alimentos, señala a la unilateral medida estadounidense como responsable de afectaciones a la seguridad alimentaria del pueblo cubano.
Las cifras no dejan dudas de los daños ocasionados por la guerra económica estadounidense al sector agroalimentario: más de 428 millones de dólares solo en el periodo de abril de 2019 a marzo del pasado año.
Es un hecho innegable que el bloqueo es un impedimento para garantizar la seguridad alimentaria de los cubanos, un derecho refrendado en la nueva Constitución y que se materializa a través del Plan Nacional de Soberanía Alimentaria y Educación Nutricional, aprobado en julio de 2020.
Las empresas cubanas no pueden colocar sus productos en el mercado estadounidense. Los ingresos que se han dejado de percibir por esta causa habrían facilitado la reinversión y la creación de una infraestructura sólida en el sector de la alimentación.
El acceso al mercado estadounidense sería muy ventajoso dado sus precios y cercanía, además de que las industrias del vecino país son capaces de abastecer a las entidades cubanas de muchas de las materias primas y equipamiento.
Cuba tampoco puede acceder al sistema crediticio Internacional a causa del llamado "riesgo país", un calificativo aplicado a la Mayor de las Antillas en el que ha incidido fuertemente el bloqueo impuesto por Estados Unidos y que frena las posibilidades de acuerdos comerciales en esa rama.
Y la situación se complica aún más pues el archipiélago cubano no puede realizar pagos en dólares estadounidenses a terceros, lo que encarece y dificulta su acceso normal a los mercados internacionales para adquirir alimentos y productos de primera necesidad.
Por demás, las dificultades en el suministro de combustible a Cuba, producto de la persecución desatada por Washington de abril de 2019 a marzo del pasado año, provocaron interrupciones en los ciclos de producción de varias entidades del sector agroalimentario.
El bloqueo viola los más elementales derechos humanos de los cubanos, entre ellos la seguridad alimentaria, y así ha sido reconocido por organismos internacionales, gobiernos de otras naciones y personalidades políticas, que lo califican de genocida.
