Castillo promete construir una economía que llegue a todos los peruanos. Foto: Archivo/RHC
Por Guillermo Alvarado (RHC)
Por fin, luego de un mes y dos semanas de espera e incertidumbre, las máximas autoridades electorales de Perú proclamaron al profesor y dirigente sindical José Pedro Castillo Terrones, originario de la región andina de Cajamarca, como próximo presidente de la República.
Nunca, que se recuerde, había demorado tanto en oficializarse una decisión que se avizoraba hace tiempo, pero que fue obstaculizada de manera empecinada por la candidata derrotada, Keiko Fujimori, quien presentó un recurso tras otro, sin pruebas ni fundamentos.
Se entiende que para la hija del exdictador Alberto Fujimori, actualmente en la cárcel por graves violaciones a los derechos humanos, era un asunto de vital importancia obtener el mandato, no tanto por ideologías o programas de gobierno, sino para evitar hacer compañía tras las rejas a su progenitor.
Ella está acusada de lavado de dinero y corrupción y, de hecho, guardaba prisión domiciliaria que le fue levantada para permitirle hacer campaña electoral, algo insólito, pero no reñido con las leyes peruanas.
A pesar de ese antecedente buena parte de la derecha, incluso adversarios de su padre, así como los grandes medios de información, cerraron filas a su alrededor para impedir el triunfo del profesor Castillo.
En cuanto a este último todo está por verse todavía. Desconocido en la arena política hasta hace cuatro años, sorprendió a propios y extraños gracias al apoyo de la población más pobre, los castigados por el neoliberalismo y por la pandemia de covid-19 que pusieron sus esperanzas en él.
Perú exhibió recientemente una bonanza, de esas que muchos nombran “milagro económico”, que no hizo sino ocultar la profunda fractura manifiesta entre los poderosos sectores asentados en Lima, la capital, y las abandonadas zonas rurales, como aquellas de donde viene el próximo presidente.
Algunas promesas concretas de “El profe”, como le dicen, impactaron en sus electores, entre ellas construir una economía que llegue a todos, no solo a un grupo limitado, y poner coto a la exagerada extracción de riquezas que hacen las transnacionales.
Propone cambiar las reglas del juego, y que la mayor parte de las ganancias se quede en Perú para financiar las transformaciones indispensables, que rescaten al más del 30 por ciento de habitantes que viven sumidos en la pobreza.
Particular ilusión despierta la promesa de convocar a una Constituyente y redactar una nueva Carta Magna, que recoja los mismos derechos para todos.
Es grande la tarea y serán formidables los obstáculos, en un país que ha tenido cuatro presidentes en cuatro años y donde la inestabilidad política ya casi es parte de la normalidad.
