Foto: The Conversation

Por María Josefina Arce (RHC)

En marzo pasado se inició el proceso para determinar si el ex dictador peruano Alberto Fujimori debía ser enjuiciado por las esterilizaciones forzadas ejecutadas durante su mandato que se extendió de 1990 a 2000.

Es ahora bajo el nuevo gobierno  que llega el fallo, que pone nuevamente una pausa al caso pero por cuestiones técnicas que impiden por el momento continuar adelante.

El  juez Rafael Martínez determinó que Fujimori no puede ser juzgado por ahora por los casos de decenas de miles de mujeres sometidas a esas intervenciones quirúrgicas, ya que a pesar de ser de dominio público ese crimen, esta causa no fue incluida en el pedido de extradición a Chile, que se materializó en 2007.

El magistrado aclaró que solo podrá ser enjuiciado si lo autoriza la Corte Suprema chilena, en virtud del acuerdo de extradición que ambos países firmaron.

El ministro de Justicia Aníbal Torres ha expresado que se trabaja intensamente en varios aspectos, lo que ha permitido identificar nuevos casos que involucran a Fujimori. De hecho recientemente se solicitó ampliar la extradición para poder juzgarlo por otros seis delitos, de secuestro y homicidio.

El  caso de las esterilizaciones ha pasado por numerosos obstáculos, ante  las pretensiones de las autoridades judiciales de gobiernos anteriores de evitar llevar a juicio a Fujimori.

Las primeras denuncias ante la Fiscalía fueron archivadas en 2008, cuatro años después fue reabierto el caso, sin embargo, en 2014 se notificó el  cierre definitivo del expediente, luego de eximir, como se esperaba, de responsabilidad al ex dictador (en la foto).

Han sido años de batallar de las víctimas de este tenebroso plan, llevado adelante mediante engaños, coacción y sobornos.

Otros seis colaboradores del ex gobernante, entre ellos tres ex ministros de salud, también han sido acusados de participar en aquel plan del gobierno, supuestamente voluntario y que fue aplicado asimismo, a unos 22 MIL hombres.

Se estima que unas 270 MIL peruanas, muchas de ellas campesinas e indígenas que no hablaban español, fueron sometidas a esta práctica en los últimos cuatro años de Fujimori en el poder.

El ex mandatario cumple actualmente una  condena de 25 años de cárcel por abusos a los derechos humanos en las matanzas de Barrios Altos, en 1991, y La Cantuta, 1992.  Además, tiene abierto otro proceso por la matanza de Pativilca, también en 1992.

 Las esterilizaciones forzadas en el Perú es todavía un tema pendiente. El enjuiciamiento de Fujimori por su responsabilidad en esa violación de los derechos reproductivos de las mujeres es una deuda con las víctimas, a muchas de las cuales se les privó del derecho y la alegría de tener hijos.