Detención del dirigente opositor en Bolivia Luis Fernando Camacho.
Por: Roberto Morejón
La detención del dirigente opositor en Bolivia Luis Fernando Camacho está lejos de representar, como afirman la derecha y la prensa corporativa, un secuestro, dado el listado de imputaciones contra el gobernador del rico departamento de Santa Cruz.
Camacho, conocido por sus invocaciones a Dios y apego a una biblia, está implicado en el caso Golpe de estado uno, por intervenir en lo que la Fiscalía y movimientos sociales señalan como actos terroristas que precipitaron el golpe de estado contra el expresidente Evo Morales en 2019.
El gobernador santacruceño fue uno de los rostros palmarios de las conspiraciones y tumultos contra Morales.
Está documentado que viajó en esas fechas de Santa Cruz a La Paz con la carta de renuncia del primer mandatario en la mano y allanó el acceso de la gobernante de facto Jeanine Áñez.
Las autoridades bolivianas explicaron que la reciente detención de Camacho en Santa Cruz fue ordenada tras agotarse, sin respuesta positiva, citaciones previas de los tribunales.
Debe recordarse que tras la asunción de Áñez ocurrieron las masacres en las localidades de Sacaba y Senkata, con el saldo de 38 muertos, centenares de heridos y flagrantes violaciones de los derechos humanos.
La Fiscalía rechazó la imputación de secuestro o persecución política y presentó la orden de aprehensión emitida en octubre por un juez de La Paz.
Bajo una medida cautelar con detención preventiva por un período de seis meses mientras continúan las investigaciones, Camacho también es blanco de denuncias por los daños materiales y violaciones de las prerrogativas ciudadanas durante un paro opositor en Santa Cruz a fines de 2022.
El representante de las élites empresariales del oriente del país hace gala de sus posturas ultraderechistas, ante las cuales organizaciones sociales y agrupaciones feministas lo acusan de misógino.
Rodeado de extremistas, no por casualidad sus seguidores cometieron actos vandálicos en Santa Cruz a raíz de la detención de su paladín.
En medio de esa violencia, las autoridades bolivianas rechazaron la idea de que se comete un atentado contra el Estado de derecho e insisten en que la justicia debe actuar sobre el acusado.
Como señalara el ministro del ramo, Iván Lima, otros actores en Bolivia son los promotores de que la justicia se desempeñe por la vía de la amenaza, la presión y el chantaje. FIN
