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Por María Josefina Arce

A menos de un mes para las elecciones generales en Ecuador, la situación es bien compleja. La violencia, algo ya cotidiano en la nación andina, ha escalado  en las últimas semanas. Los motines en cárceles, secuestros y asesinato de políticos y candidatos están marcando las jornadas previas a la cita en las urnas.
     
El último de estos crímenes es el de Agustín Intriago, alcalde de la ciudad de Manta, donde con anterioridad había sido ultimado un candidato a la Asamblea Nacional por el  partido Revolución Ciudadana, del ex presidente Rafael Correa.
    
También se registró un nuevo motín carcelario. Más de 30 personas fallecieron a causa de la violencia que durante tres días imperó en la Penitencieria del Litoral, en Guayaquil.
   
El presidente Guillermo Lasso para facilitar la intervención de las Fuerzas Armadas  firmó un decreto de estado de excepción, el décimo sexto en el sistema penitenciario desde mayo de 2021.
     
Una medida que hasta el momento no ha mostrado su efectividad para poner fin a los constantes hechos de violencia que se registran en las cárceles y que han dejado más de 400 muertos en los últimos dos años.
  
Luisa González, candidata presidencial por el Partido Revolución Ciudadana, resumió el sentir de muchos cuando afirmó que están de decreto en decreto y no se ha resuelto nada.
   
En ese contexto el mandatario también decretó el estado de excepción, con toque de queda, en las provincias de Manabí y Los Ríos, así como en el cantón de Durán, en Guayas.
   
El gobierno ha puesto en las calles a más policías y militares, sin que tampoco haya cedido la inseguridad.

Decenas de actos violentos se registraron en los últimos días en las ciudades de Guayaquil y Esmeraldas, donde incluso, se atentó contra instituciones del estado.
  
Expertos y buena parte de la ciudadanía opinan que la situación requiere otro enfoque, pues se destinan enormes cantidades de recursos hacia la seguridad que deberían ir a la inversión social para el desarrollo local, y cerrar así  la puerta a la delincuencia.
    
Estiman que es esencial enfocar más fondos a la educación para combatir la deserción escolar y evitar que los jóvenes terminen en las filas de las organizaciones criminales.
    
La realidad es que la inseguridad está afectando considerablemente a la industria, el comercio y el turismo. Empresarios locales afirman que se reducen las ventas y la generación de empleos.
    
Existe una gran preocupación en la ciudadanía ecuatoriana por la situación imperante en el país y su incidencia en la jornada electoral, fijada para el venidero 20 de agosto.