Imagen ilustrativa tomada de Archivo/RHC
Por María Josefina Arce (RHC)
Las protestas contra el gobierno golpista de Dina Boluarte se reavivan con fuerza en el Perú, donde se cumple una marcha nacional en demanda de la renuncia de la presidenta designada, el cierre del Congreso, la realización de elecciones y la convocatoria de una Asamblea Constituyente para una nueva Constitución.
Veinticinco regiones del país suramericano participan en esta nueva jornada contra las autoridades, que la mayoría de los ciudadanos califican de usurpadoras y de no representar a los peruanos.
Otra exigencia es justicia para las víctimas de la represión a las multitudinarias protestas desatadas tras el golpe de estado de diciembre pasado contra el presidente electo en las urnas Pedro Castillo, quien se mantiene en prisión.
Un informe de la ONU señaló que el gobierno hizo un uso excesivo y desproporcionado de la fuerza contra los participantes en las manifestaciones. Cerca de 70 personas murieron y cientos resultaron heridas, entre ellas niños, mujeres y miembros de las comunidades indígenas.
Organizaciones internacionales denunciaron el sesgo racista de la represión policial, pues la mayoría de las víctimas eran pobladores indígenas de las zonas andinas.
A finales del pasado mes, Boluarte se negó a declarar ante la Fiscalía, en la investigación en su contra por los delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves.
Foto: EFE
En junio último, la Comisión Permanente del Congreso, controlado por la derecha, rechazó y archivó por mayoría una acusación constitucional contra Boluarte por su responsabilidad en las muertes causadas por la represión a las protestas antigubernamentales.
No es la primera vez que el órgano legislativo blinda a Boluarte, cuya impopularidad crece cada día más. Cerca de 90% de la ciudadanía rechaza a la mandataria.
A la desaprobación de la presidenta designada se suma la del Congreso que apenas llega a un 6% de aprobación ante sus acciones autoritarias que buscan impunidad para los responsables de las muertes durante las protestas y de políticos, funcionarios y congresistas acusados de corrupción.
Perú ha vivido meses convulsos tras el golpe contra Castillo, quien desde que asumió la presidencia en julio de 2021 se vio imposibilitado de gobernar ante las constantes maniobras del Congreso, que abrió varias investigaciones en su contra por supuesta corrupción y presentó tres mociones por vacancia moral.
La actual situación es reflejo de la crisis política en la que se encuentra inmerso el país suramericano desde hace años.
