Continúa la ola de violencia en Ecuador. Imagen: extra.ec

por María Josefina Arce

En Ecuador la violencia sigue lacerando la vida de los ciudadanos. Los hechos acaecidos en los últimos días han conmocionado a la sociedad de la nación andina, que el pasado año tocó fondo con más de 7 mil asesinatos y se convirtió en la más violenta de América Latina.

En medio del estado de excepción y la declaratoria por el gobierno del presidente Daniel Noboa de conflicto interno armado, han continuado registrándose hechos violentos como el asesinato este fin de semana de  Brigitte García, la concejala del municipio San Vicente, en la provincia de Manabí.

No fue este el único incidente. También se registró una amenaza de bomba en un estadio de la ciudad de Latacunga, capital de la provincia de Cotopaxi, mientras que seis personas fueron asesinadas en la provincia de Santa Elena, en la costa.

Son hechos que corroboran que la inseguridad sigue dominando el panorama de la nación andina, aún cuando el gobierno ha dicho que la violencia ha disminuido gracias a que  los militares están en las cárceles y  calles, una medida cuestionada por muchos ante la posibilidad de violaciones de los derechos humanos.

De hecho se han  reportado denuncias de violaciones de las prerrogativas durante las operaciones de las Fuerzas Armadas y las detenciones que ya suman más de 13 mil.

En febrero pasado el juez Manuel Peña determinó que las Fuerzas Armadas vulneraron los derechos de los presos en medio del estado de excepción. El magistrado consideró responsable al Estado ecuatoriano por "acción y omisión".

Los expertos han señalado que el despliegue de militares puede registrar logros iniciales, pero que dudosamente se mantendrán con el tiempo. Y es que como afirmara el especialista  en temas de seguridad Fernando Carrión  si no se hacen cambios estructurales la violencia vuelve a ganar terreno.

En declaraciones a la cadena de televisión ECUAVISA, reproducidas por la agencia noticiosa Prensa Latina, el profesor de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, señaló que ese es el escenario actual de Ecuador, donde se mantienen en alza las cifras de secuestros y extorsiones.

Ecuador necesita una respuesta integral que cierre la puerta a la violencia. Requiere poner fin a la impunidad, fortalecer el sistema judicial  y restaurar la credibilidad en las instituciones.

Pero además son necesarias y urgentes políticas públicas,  inversiones en programas sociales que garanticen a la ciudadanía una vida digna, su acceso a la salud, educación, empleo y agua potable, entre otros derechos humanos esenciales, para evitar que los grupos delincuenciales se aprovechen de la pobreza y la desigualdad.