Youtube

Por Roberto Morejón

La violencia del crimen organizado, las consecuencias del declarado conflicto armado interno, las rivalidades entre el Primer mandatario y la Vicepresidenta, el conflicto con México y la irritación por la anunciada eliminación de un subsidio, mantienen en jaque al gobierno de Ecuador.

El augurado fin del subsidio oficial a la gasolina fue el detonante de anunciadas protestas y marchas de sindicatos y otras organizaciones, en un país en el que anteriores decisiones de ese tipo causaron conmoción.  

Desde el Palacio de Carondelet, sede del ejecutivo, aducen que eliminar el subsidio a los combustibles es una pieza clave para reducir el abultado déficit fiscal de Ecuador.

La prevista eliminación de los amparos financieros a los combustibles parece estar en consonancia con la concreción de Ecuador de un crédito del Fondo Monetario Internacional de 4 mil millones de dólares.

La crispación por los combustibles llega en medio de una creciente violencia, rematada con la promulgación del conflicto armado interno.

Según organizaciones de derechos humanos, esa declaración contribuyó a serias violaciones de los derechos humanos por las fuerzas de seguridad en su enfrentamiento contra 22 grupos del crimen organizado que operan en Ecuador.

Mientras el gobierno aduce la disminución de los homicidios, se habla del aumento de extorsiones y secuestros.

En ese clima de agitación, el presidente Daniel Noboa dio la insólita orden a la policía de irrumpir el 5 de abril en la embajada de México en Quito, para sacar por la fuerza al exvicepresidente Jorge Glas, quien había recibido asilo.   

La invasión, condenada internacionalmente, conllevó a que México rompiera relaciones y presentara el caso en la Corte Internacional de Justicia.

Sin tiempo para capear el temporal por el incidente diplomático, Noboa no rebaja su rivalidad con la vicepresidenta Verónica Abad, con quien no habría conversado, según versiones periodísticas, desde las últimas elecciones.

La porfía tendrá ramificaciones en la Asamblea Nacional, pues una jueza pidió autorización para procesar penalmente a Abad por el delito de concusión en el denominado caso Nene, sobre un supuesto tráfico de influencias.

En opinión de la imputada, las acciones responden a una persecución del gobierno porque, dice, Noboa se resiste a entregarle la presidencia, previo a sumarse a hacer campaña para los comicios de 2025.

Confiado en el apoyo exterior y en lo que califica como su capacidad para salir de sus contrariedades, el gobierno ecuatoriano parece muy atareado en su papel de apaga-fuegos.