Aprueban en Argentina Ley de Bases
por María Josefina Arce
Se avecinan días difíciles y de incertidumbre para Argentina, tras la aprobación recientemente por el Congreso de la criticada Ley de Bases, una propuesta del gobierno que preside Javier Milei que, aunque modificada para lograr su sanción luego de seis meses de debates legislativos, significa para parte de la ciudadanía un retroceso en los derechos alcanzados.
Son varios los artículos que en especial han generado polémica y rechazo de parte de la oposición y de organizaciones sociales y sindicales. Uno de ellos es el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones, que otorga condiciones sumamente favorables para las corporaciones que inviertan en la nación suramericana por más de 200 millones de dólares.
Las autoridades defienden este acápite por considerarlo necesario para atraer capitales que lleven a dinamizar la economía, sin embargo, ha sido calificado por muchos como un nuevo estatuto legal del coloniaje.
La ex presidenta Cristina Fernández por ejemplo, señaló que llevará a la explotación de los recursos naturales de Argentina por empresas extranjeras, generando, advirtió, una economía extractivas.
Se considera que perjudicará a las pequeñas y medianas empresas del país suramericano, que generan 70% de los puestos de trabajo, lo que se traducirá en un aumento del desempleo, que ya en el primer trimestre de este año se disparó a casi 8%.
Igualmente ha despertado mucha polémica la restitución de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias que afectará a más de un millón de trabajadores, que ya enfrentan dificultades en el día a día, dada la alta inflación imperante y que en los cinco primeros meses de 2024 acumuló un 71,9%.
En contraste los sectores más ricos pagarán menos impuestos por bienes personales, denunciaron organizaciones sociales y sindicales.
La ley de bases también implica una reforma laboral, calificada de regresiva, pues, en opinión de los expertos, llevará a una mayor precariedad del trabajo y fomentará el trabajo informal, al eliminar sanciones.
Y las polémicas privatizaciones están presentes en la legislación aprobada por el Congreso. Aunque el número de empresas que el gobierno pretendía abrir a los capitales privados disminuyó considerablemente, todavía serán varias las compañías públicas que se pondrán a la venta.
Sumamente criticada ha sido la delegación de competencias extraordinarias al presidente, que si bien se redujo de dos años a uno, le permitirá a Milei contar con facultades que normalmente le corresponden al poder legislativo.
Ahora se abre un nuevo periodo de incertidumbre para los argentinos, que desde la llegada a la presidencia en diciembre pasado de Javier Milei no han tenido un respiro y ahora ven como ha sido aprobada una ley considerada injustamente social.
