Imagen ilustrativa tomada de Ahora Tabasco

Por Roberto Morejón

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, concluirá próximamente su sexenio y sostiene una transición ordenada con la Jefa de Estado electa, Claudia Sheinbaum, entre los que existe coincidencia en que el caso Ayotzinapa no se cierra.

Durante el período de AMLO, como conocen popularmente a López Obrador, se trabajó diariamente para hallar, como prometió el dignatario, a los responsables de la desaparición de los 43 normalistas en 2014.

Ciertamente, en septiembre se cumplirán 10 años del acontecimiento que conmovió a México y al mundo, y aún prosiguen las engorrosas investigaciones, cuando son numerosos los intereses en juego.

El gobierno saliente acordó otra reunión para el 29 de julio, en la cual estará presente la sucesora de AMLO, Claudia Sheinbaum, como señal de la prioridad otorgada al tema.

No ha sido fácil obtener confesiones de los detenidos y encontrar a las víctimas, de ahí que el esclarecimiento del caso sea uno de los muy pocos compromisos que aún no ha cumplido López Obrador.

No obstante, el gobierno entregará informes adicionales a los familiares de los 43 normalistas para que conozcan avances en las pesquisas.

Mientras tanto, la sociedad observa atentamente el curso de las indagaciones y tomó nota de que el ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca, podría seguir el proceso judicial en libertad condicionada, luego de estar casi 10 años en un penal por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.

La Fiscalía General de la República pidió a un juez federal condenar a 82 años de prisión al ex procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, por delitos de tortura, desaparición forzada y contra la administración de la justicia.

A pesar de fallos judiciales como los apuntados, los padres de los muchachos desaparecidos en Ayotzinapa manifiestan lógica impaciencia porque en su criterio no les ha sido compartida toda la documentación del caso.

Desde su óptica es necesario investigar al ejército, mucho más cuando en 2022 la Comisión para la verdad y el Acceso a la Justicia informó que se trató de un crimen de Estado con la participación de funcionarios de gobierno en funciones en aquel año.

Informes oficiales indican que hasta fines de 2023 se habían quedado pendientes de cumplimiento 51 órdenes de aprehensión, de las cuales seis eran contra miembros de las fuerzas armadas.  

Las pesquisas prosperan, a un ritmo lento, dada la complejidad y aristas de la desaparición de 43 jóvenes, devenidos en permanente bandera de lucha por padres, amigos y muchos ciudadanos.