Informe sobre violaciones de derechos humanos
por María Josefina Arce
Ecuador vive bajo una declaratoria de "conflicto armado interno", que desde su promulgación en enero pasado por el presidente Daniel Noboa para hacer frente a la alta violencia imperante, generó objeciones de diversos sectores de la sociedad, ante la amenaza a los derechos humanos.
Un reciente informe de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos corroboró los temores de buena parte de los ciudadanos. De acuerdo con la entidad en los primeros 3 meses del año se registraron 45 violaciones de las prerrogativas ciudadanas por agentes policiales y militares.
El reporte recoge las denuncias de un excesivo uso de la fuerza, publicadas por la ciudadanía en redes sociales y medios de comunicación.
Las publicaciones se refieren a tratos crueles, inhumanos o degradantes, detenciones ilegales, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas bajo custodia policial.
Según se conoció, las comunidades indígenas, afro descendientes y otros sectores vulnerables fueron quienes sufrieron más este tipo de agresión de los derechos humanos.
Ya en mayo pasado la Defensoría del Pueblo había denunciado que en los primeros meses de la militarización de las cárceles, ordenada por Noboa para recuperar el control de esos centros, se produjo el deceso de 24 presos, algunos por muertes violentas y con signos de tortura.
Sobre esta situación ya habían alertado diversos expertos en materia de seguridad, para quienes la solución no es la declaratoria de conflicto armado, ni de los tres estado de excepción proclamados por el mandatario, aunque los dos primeros fueron declarados inconstitucionales por la Corte de Constitucionalidad.
Apuntaron que son necesarias otras medidas para ir a la raíz del problema, que son la desigualdad, la pobreza, el desempleo y la falta de oportunidades. En la actualidad 26% de los ecuatorianos vive en la pobreza, una cifra que se eleva a 36% entre la población infantil, mientras que crece el empleo informal.
Renato Rivera, director del Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado, citado por la agencia noticiosa Prensa Latina, estimó que los resultados del primer semestre son insuficientes porque el gobierno ha descuidado la implementación de políticas sociales.
Los especialistas coinciden que para avanzar en seguridad se impone fortalecer las instituciones de salud, educación pública y prevención del delito en territorio ecuatoriano.
Aunque el gobierno se ufana de haber logrado disminuir el número de homicidios con el despliegue de policías y militares en las calles, no tiene en cuenta otros delitos como los secuestros y las extorsiones que continúan siendo una preocupación para los ecuatorianos.
