Uruguayos protestas por privatización del agua
por María Josefina Arce
Desde hace meses la atención de diversos sectores de la sociedad uruguaya está en el controvertido proyecto Neptuno para la construcción de una potabilizadora en la zona de Arazatí que abastecería de agua a Montevideo, la capital, pero que consideran es un intento del gobierno que preside Luis Lacalle Pou de privatizar el servicio del preciado líquido.
Recientemente la justicia dictaminó detener las obras y llamó a la estatal OSE, Obras Sanitarias del Estado, a no firmar un contrato con el consorcio privado Aguas de Montevideo, hasta que no se verifique la constitucionalidad y la viabilidad ambiental de la iniciativa.
Organizaciones sociales y científicos saludaron el fallo judicial contra el proyecto para la extracción de agua del Río La Plata, y posterior potabilización y transporte, que señalaron tendrá impactos sociales, económicos y ambientales.
Carmen Sosa, integrante de la Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida de Uruguay, señaló que la Constitución, reformada en 2004, establece que el agua potable y el saneamiento deben estar prestados exclusivamente por servicios públicos estatales.
Recordó además que también contempla que la gestión de los recursos hídricos debe contar necesariamente con la participación y control de la ciudadanía.
Pero el proyecto pone en manos privadas casi todo el proceso, la empresa estatal sólo se encargaría de la distribución y del cobro de las tarifas, que podrían incrementarse ante la gran inversión de unos 200 millones de dólares y la calidad del agua del Río La Plata.
Los especialistas han alertado sobre la alta salinidad de este afluente y la gran presencia de cianobacterias, que trae aparejadas complicaciones en los procesos de potabilización.
Han apuntado igualmente que desde el punto de vista ambiental, el proyecto Neptuno supondría pérdida de biodiversidad, daños en áreas protegidas y contaminación de aguas subterráneas, entre otros aspectos.
Otro de los cuestionamientos es que al plan se le dio un tratamiento de urgencia, que no correspondía, para tratar con responsabilidad el asunto.
El gobierno ha manifestado que apelará la decisión judicial sobre proyecto Neptuno, sin tener en cuenta la opinión de diversos sectores de la sociedad sobre sus consecuencias en varios ámbitos.
