Por: María Josefina Arce

Al presidente norteamericano, Barack Obama, le quedan pocos meses para concluir su segundo mandato y todavía no ha podido cumplir con una de sus promesas electorales: el cierre de la prisión que mantiene en la base naval de Guantánamo, territorio que ocupa ilegalmente en el oriente cubano y que constituye uno de los obstáculos para una verdadera normalización de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos.

Aunque de acuerdo con sus declaraciones, no ha abandonado su postura a favor del cierre del enclave, lo cierto es que se le ha hecho bastante difícil llevar a buen término su promesa por la resistencia republicana.

El inquilino de la Casa Blanca ha sido objeto de críticas por las transferencias de los prisioneros a sus naciones de origen, al tiempo que ha

encontrado fuerte oposición al traslado de estos a centros en suelo norteamericano.

Foco de no pocas críticas a nivel internacional ha sido la base de detenciones que Washington mantiene en Guantánamo, donde todavía permanecen en un limbo jurídico unos cien detenidos.

Guantánamo también acaparó la atención de muchos en el mundo por las torturas y vejaciones de que han sido objeto las personas allí retenidas por sus supuestos vínculos con el terrorismo.

Recientemente un grupo de expertos en Derechos Humanos de la ONU y de la OSCE, Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, instaron al gobierno de Estados Unidos a cerrar inmediatamente el centro de detenciones asentado en territorio cubano de manera ilegal, en contra de la voluntad del pueblo y gobierno del archipiélago.

El reconocido abogado estadounidense Thomas Wilner señaló que hay que cerrar Guantánamo porque es cara, ineficiente y lesiona la posición internacional de Estados Unidos.

Lo cierto es que además de constituir una afrenta al derecho internacional, el centro de detenciones es una de las prisiones más caras del mundo. Más de cinco mil millones de dólares ha costado a los contribuyentes norteamericanos este enclave.

Pero el Congreso ha bloqueado constantemente los esfuerzos para eliminar el costoso centro de detención, uno de los retos para este año del presidente, quien también tendrá el desafío de la demanda del Gobierno cubano para que le sea devuelto el territorio que ilegalmente ocupa esa instalación militar.

Las autoridades cubanas afirman que ese es uno de los temas que obstaculiza el curso hacia la normalización de los nexos bilaterales, tras la reanudación de las relaciones diplomáticas el pasado 20 de julio.

La Casa Blanca sin embargo, se niega a discutir la devolución a la Mayor de las Antillas del espacio donde se ubica la base, obtenido a través de
acuerdos leoninos con las autoridades pronorteamericanas de la naciente seudorepública a principios del siglo pasado.