Por: Roberto Morejón

Con premura, la Asamblea Nacional de Venezuela, apoyada en la mayoría de derecha, inició los trámites para liberar a los responsables de los actos violentos de febrero de 2014, después de acatar el fallo del Tribunal Supremo de Justicia que ordenó la suspensión cautelar de tres diputados opositores.

Obligada por la presión de los diputados del Gran Polo Patriótico y de las fuerzas populares, la junta directiva ultraconservadora encabezada por el presidente Henry Ramos Allup, admitió, a regañadientes, desincorporar a los diputados, bajo investigación por fraude electoral en el estado de Amazonas.

Si bien el paso es acertado, aunque estaba conminado a ello porque incurría en desacato, la cúpula parlamentaria derechista se apresuró a imponer su agenda.

Los revanchistas tratarán de concretar su cronograma, contrario a los intereses del pueblo, a pesar de que por el momento prescinden de la mayoría calificada de dos tercios.

Pero esa circunstancia no los hace desistir de sacar de las cárceles a personas condenadas en procesos judiciales que contaron con todas las garantías.

La mayoría parlamentaria de derecha exigió al poder judicial de Venezuela la liberación de ciudadanos detenidos por violación de los derechos humanos y responsabilidad directa en la muerte de 43 personas, durante las llamadas “guarimbas”.

La determinación del ala conservadora de la instancia legislativa debe interpretarse como un desafío a las víctimas de los actos de barbarie.

Igualmente hace caso omiso del clamor del pueblo que inundó las calles recientemente en desagravio del Libertador Simón Bolívar y el líder Hugo Chávez, cuyas fotos fueron retiradas de forma arbitraria y soez por Ramos Allup de los salones de la Cámara.

Es esta la proa de una nave política que conducen los retrógrados dirigentes de la oposición venezolana, empeñados en convertir la Asamblea en una punta de lanza contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro.

El Jefe de Estado, a quien intentan deponer, aboga por un trabajo conjunto con los parlamentarios para solucionar los problemas económicos del país, aunque no lo escuchan.

Las primeras sesiones de la Asamblea Nacional venezolana pusieron de relieve por un lado a un titular provocador, nostálgico de la Cuarta República.

Y por otro a un pujante bloque del Gran Polo Patriótico, cuya voz más audible fue la del diputado Héctor Rodríguez, joven abogado con experiencia ministerial, con solidez de argumentos para desenmascarar a los promotores del odio.

Rodríguez encarna la esperanza de los venezolanos humildes que aspiran a NO perder las conquistas de la Revolución Bolivariana.