Por Mario Hubert Garrido

La más reciente iniciativa que impulsa la derecha en Venezuela sobre una ley de amnistía se parece más a otra provocación a la ira popular, opinan analistas.

El texto de marras, que el próximo miércoles 10 de febrero será debatido en primera lectura en la Asamblea Nacional (AN), de mayoría opositora al Gobierno, sobresalió entre los compromisos contraídos en campaña electoral, pero sin la más elemental base jurídica, según diputados del Gran Polo Patriótico.

Al ganar en diciembre de 2015 la mayoría de los 167 curules del Parlamento, los dirigentes de la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), prometieron que entre sus prioridades estaría el respaldo a la liberación de lo que denominan "presos políticos".

Para ellos, en esta clasificación de reos figuran algunos como Leopoldo López (líder de Voluntad Popular), principal promotor de las manifestaciones violentas a inicios de 2014, con saldo de 43 muertos y más de 80 heridos.

También están, entre otros, el exalcalde Metropolitano de Caracas Antonio Ledezma; o el ex alcalde de San Cristóbal , capital del estado de Táchira, Daniel Ceballos, vinculados a planes de conspiración y golpes de Estado contra el presidente constitucional Nicolás Maduro.

De acuerdo con el parlamentario socialista Edwin Rojas, con esa ley los victimarios serían perdonados, pero sin considerar el parecer de sus víctimas, lo que crearía un precedente de impunidad.

El legislador recordó que ninguno de los imputados en aquellas acciones violentas y otras maniobras contra el Estado de derecho ha mostrado arrepentimiento ni solicitado perdón y serían liberados, según el artículo 12 del proyecto.

La mayoría niega la comisión de delitos, a pesar de los 43 muertos y 870 personas lesionadas, consecuencia del Plan La Salida que pretendía sacar a Maduro del Palacio de Miraflores, agregó.

Rojas, quien forma parte de la Comisión de Política Interior de la AN, encargada de estudiar la propuesta, negó además la posibilidad de reconciliación con quienes sabotearon la principal empresa nacional, Petróleos de Venezuela S.A. y atentaron contra la seguridad económica de la nación.

De acuerdo con el artículo 42 de esa ley, precisó, también los gerentes y empresarios que encabezaron el paro petrolero podrían beneficiarse.

A juicio de la presidenta de la Fundación Latinoamericana por los Derechos Humanos y el Desarrollo Social, Eugenia Russián, es preocupante que el tema de la amnistía se utilice para generar impunidad.

Russián aseveró que esta Ley hace héroes a los victimarios y lamentó además que mientras la aparición de las víctimas en los medios de comunicación fue cada vez menor, Lilian Tintori, esposa de López, realizó giras nacionales e internacionales para denunciar la privativa de libertad de su pareja.

Los expertos llamaron la atención sobre un proyecto que permitiría salir de prisión incluso a militares acusados de golpes de Estado o magnicidio y de dirigentes políticos de la IV República (1958-1999) asociados al crimen, la tortura y la desaparición física de líderes revolucionarios.

Para Édgar Márquez, presidente de la Asociación de Víctimas del Golpe de Estado de 2002, la Ley de Amnistía representa la más novedosa acción del golpe continuado que se desarrolla desde el efímero derrocamiento del fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013), hace 14 años.

Alertó además que en el artículo 35 de la mencionada ley, se prevé la exoneración de cargos para banqueros prófugos por corrupción, quienes no son presos políticos, sino delincuentes, declaró.

Asimismo quedarían en libertad quienes, por móviles políticos, hayan dañado la propiedad, asociado para delinquir, importado, fabricado, portado, detenido, suministrado u ocultado artefactos explosivos o incendiarios, algo que carece de toda lógica y sustento legal, remarcó.

Finalmente, se perdonará el ultraje a funcionarios públicos, el uso de menores en la comisión de delitos, sustracción de efectos pertenecientes a la fuerza armada y el porte ilícito de arma de fuego y su uso indebido.

Para el abogado y miembro de la Comisión por la Justicia y la Verdad, David Palis, el objetivo de ese proyectode la derecha solo es beneficiar a los perpetradores, a los llamados presos políticos, y en ningún momento toma en cuenta a las víctimas directas, indirectas ni a las colectivas.

Lo que se busca es una especie de alto perdón, o sea, la manera de evitar una investigación; y dan a entender sin estudiar cada caso que es el Estado el responsable, añadió el director de Servicios Jurídicos de la Defensoría del Pueblo.

Si no se esclarece la verdad, dijo, como propuso el jefe de Estado en su Memoria y Cuenta 2015, cuando sugirió crear una comisión sin tintes políticos que investigue todos esos hechos, se podría indultar con el perdón a violadores de los derechos humanos y sería una invitación para generar más violencia.

(Tomado de PL)