Por: Roberto Morejón

La líder indígena y defensora medioambiental hondureña Berta Cáceres fue asesinada en un país cuyas autoridades se ufanan de que no está entre los más violentos del mundo, aunque admiten que fallecen de forma trágica al menos 14 personas al día.

En esa línea de pensamiento los hondureños deberían aplaudir porque la tasa de homicidios se redujo desde enero de 2014 hasta el presente de 75,1 por cada 100 mil habitantes a los 56,7 actuales, un indicador altísimo.

El presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, lleva dos años en el poder y durante ese lapso defendió lo que él describe como una estrategia exitosa, mediante “mano dura, cero tolerancia a la delincuencia y un soldado en cada esquina”, como parte de una abarcadora militarización.

Sin embargo, el incremento de la presencia militar en tareas que antes no realizaban desató críticas de sectores de la sociedad que denuncian violaciones de los derechos humanos.

La destacada luchadora indígena Berta Cáceres, defensora de las prerrogativas de la etnia Ienca y los movimientos campesinos, tenía policías que la debían custodiar, porque así lo solicitó ante las múltiples amenazas contra su vida.

Pero fue asesinada en su propia casa en un país donde los patrones de inseguridad, delincuencia juvenil y narcotráfico completan una amalgama siniestra.

En la atmósfera gravita la duda: ¿Pudieron simples delincuentes cometer el crimen? Pocos creen en una respuesta afirmativa y recuerdan que Cáceres denunció los abusos de empresas transnacionales contra el entorno y mantuvo su lucha a favor de los indígenas, a pesar de las amenazas.

Berta Cáceres, madre de 4 hijos, representaba un símbolo de estoicismo y mereció el Premio Goldman, conocido como el Nobel del Medio Ambiente, otorgado por la fundación Goldman Insurance Services, de la ciudad estadounidense de San Francisco.

Conocida por encabezar una campaña para paralizar la construcción de un embalse en Honduras, la activista también acompañaba a grupos de indígenas garífunas envueltos en pleitos judiciales por ocupar tierras baldías, en poder de oligarcas.

Defensora de tierras, ríos y bosques frente a la voracidad de los depredadores transnacionales, la asesinada manifestante llegó a denunciar lo que denominó "aparato represivo armado” que, en su criterio, protege los intereses de esas empresas.

En su contra tenía a directivos y gerentes así como a las empresas de seguridad privada, porque en Honduras la cifra de esos guardias es cinco veces superior al de los policías.

Berta Cáceres, quien reconoció que "no es fácil ser mujer dirigiendo procesos de resistencias indígenas”, nunca abandonó su lucha e ideales a pesar de las maniobras de autoridades, empresarios y oligarcas para criminalizarla.