Por: Guillermo Alvarado

Personalidades de la región expresaron en días recientes su rechazo a la criminal Ley de Ajuste Cubano, un engendro jurídico estadounidense que otorga una serie de privilegios a los ciudadanos de este país que logren arribar a aquel territorio sin importar las vías utilizadas, incluso después de cometer delitos.

El ministro ecuatoriano de Relaciones Exteriores, Guillaume Long, pidió al gobierno de Estados Unidos desmontar esos mecanismos que estimulan una emigración irregular y que causa problemas, no sólo entre Washington y La Habana, sino que también perturban a otras naciones, utilizadas como lugar de tránsito.

Long reclamó también eliminar políticas como la de “pies secos, pies mojados”, que permiten permanecer en la nación norteña a los cubanos que logran arribar a tierra firme y que constituyen un aliciente para viajes por vías ilegales y fomentan las bandas dedicadas al tráfico de seres humanos.

En los últimos meses cientos de personas atraídas por esas políticas migratorias preferenciales se han convertido en víctimas de grupos delincuenciales, que de manera inescrupulosa lucran a partir del control del paso de éstas por Sudamérica, Centroamérica y México, en busca de la frontera con Estados Unidos.

La titular colombiana de relaciones exteriores, María Ángela Holguín, también calificó de "perversa" la Ley de Ajuste Cubano de Estados Unidos y reclamó que  esa normativa se derogue definitivamente para acabar con el flujo ilegal de migrantes cubanos.

Como se conoce, el 2 de noviembre de 1966 el Congreso de los Estados Unidos aprobó ese cuerpo legal que permite al Fiscal General, “a su discreción y conforme a las regulaciones que él pudiera prescribir”, ajustar el estatus migratorio de los cubanos que se encontraban en esa nación.

En realidad, esas políticas irregulares se comenzaron a utilizar desde el mismo momento del triunfo de la Revolución Cubana, el 1 de enero de 1959, cuando el territorio estadounidense se convirtió en refugio y asilo para los funcionarios corruptos, asesinos, esbirros, torturadores, malversadores y ladrones de la tiranía encabezada por Fulgencio Batista.

Jamás Washington accedió a autorizar la extradición de personas cuyos delitos estaban completamente demostrados para que fueran llevados ante la justicia.

De manera escalonada, Estados Unidos fue suspendiendo los vuelos regulares y las vías de salida legal desde Cuba, al tiempo que estimuló los mecanismos irregulares como forma de desprestigiar a la Revolución y drenarle valiosos recursos humanos.

Solo entre 1959 y 1962 viajaron hacia ese país 274 mil cubanos, de los cuales los primeros 70 mil ingresaron sin trámite migratorio alguno.

La máxima expresión de esta práctica criminal, inmoral y discriminatoria de los Estados Unidos contra Cuba es la Ley de Ajuste Cubano, cuya derogación es requisito para la normalización de las relaciones entre los dos países, cuyos vínculos formales pronto cumplirán un año de haberse restablecido con la apertura de las embajadas en ambas capitales, un paso inicial de un proceso aún largo y trabajoso.