por María Josefina Arce

Los trabajadores domésticos continúan siendo un sector invisible para muchos. Jornadas extenuantes, sin seguro social, con bajos salarios y en muchos casos víctimas de explotación y abuso es el panorama para estas personas, que en su mayoría son mujeres.

Un reciente informe de la OIT, Organización Internacional del Trabajo, señala que en América Latina se contabilizan 18 millones de trabajadores domésticos, de los cuales 77 por ciento labora en la informalidad y carecen de una protección legal.

La OIT sin embargo, destaca una disminución de la informalidad laboral en 2 puntos porcentuales desde 2009 debido a las nuevas leyes para igualar los derechos laborales de los trabajadores domésticos con otros trabajadores, promovidas por los gobiernos progresistas presentes hoy en algunas naciones del área.

Ese es el caso de Nicaragua, país por demás firmante del Convenio 189 sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos, un instrumento que restituye los derechos de este sector.

Este convenio contempla dentro de sus objetivos el reconocimiento de iguales derechos básicos a las empleadas del hogar tales como horarios de trabajo, los descansos diarios y semanales, vacaciones, seguridad social, las condiciones y términos claros sobre su trabajo, entre otros.

El gobierno del presidente Daniel Ortega ha adoptado además medidas para garantizar la igualdad de oportunidades para la mujer en salud, educación, vivienda y otras áreas sensibles para el desarrollo humano y del país.

Asimismo han otorgado una serie de facilidades como bonos de ayuda y créditos a las féminas por ser este uno de los segmentos poblacionales más pobres, resultado de las políticas neoliberales puestas en práctica durante décadas en la región.

En su empeño por disminuir la desigualdad de género adoptaron la Ley de Igualdad de Derechos y Oportunidades para las mujeres, y en 2008 aplicaron la Ley de Reforma y adiciones al Código del Trabajo.

Esas enmiendas permiten garantizar los derechos y garantías para las trabajadoras domésticas, que muchos reconocen son una mano de obra inmensa pero oculta.

En otras naciones del área como Bolivia, Venezuela, Argentina y El Salvador también se han adoptado una serie de medidas que hacen justicia al desempeño de las trabajadoras domésticas.

Por ejemplo, el gobierno de Cristina Fernández se esforzó por mejorar los derechos de las mujeres y adoptó una ley que buscaba regularizar la situación de un millón de empleadas domésticas, la mayoría de las cuales laboraba de manera informal.

Otra tanto sucedió en Venezuela, donde la nueva Ley Orgánica del Trabajo dedica especial atención a las también conocidas como empleadas del hogar.

Si bien los gobiernos progresistas del área han legislado en aras de ese sector, lo cierto es que aún hay que vencer viejos conceptos arraigados en nuestras sociedades que no valoran y ven como algo natural la servidumbre.