América Latina recuerda este miércoles en ocasión del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas a las miles de personas detenidas y ocultadas en los países del subcontinente.

Implementada durante las dictaduras que asolaron durante años a varias naciones latinoamericanas como estrategia para infundir terror entre los ciudadanos, esa práctica se utiliza actualmente en situaciones de conflicto interno como método de represión política.

El tema de las desapariciones forzadas vuelve a la palestra con el caso del joven activista argentino Santiago Maldonado, de quien se desconoce su paradero desde el primero de agosto último tras ser detenido por agentes de la Gendarmería durante una represión a una protesta mapuche en Chubut.

Personalidades y organizaciones de derechos humanos responsabilizan al gobierno de Mauricio Macri por la desaparición de Maldonado y exigen al Estado que se conozca su ubicación.

Ante la flagrante indiferencia de las autoridades, la presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, comparó a la administración de Macri con la dictadura militar del período 1976-1983, en la cual desaparecieron alrededor de 30 mil personas, de acuerdo a estimados.

Por otra parte, los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, en el estado mexicano de Guerrero, luego de ser atacados por la policía de Iguala el 26 de septiembre de 2014, constituye otro ejemplo de injusticia y la inoperancia del gobierno de México para esclarecer el caso.

Ya transcurrieron casi tres años de la desaparición forzada de los 43 normalistas y hasta la fecha el Estado mexicano no ofreció ninguna respuesta relevante sobre el paradero de los jóvenes.

Por el contrario, el gobierno de Enrique Peña Nieto trató de silenciar el hecho al prohibir en reiteradas ocasiones la investigación de los entes internacionales, debido a las incoherencias en las pesquisas de las autoridades locales.

De acuerdo al Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, en México se desconoce el paradero de casi 31 mil personas, la mayoría víctimas de secuestros por parte de bandas criminales, aunque también se reportan casos vinculados a la policía y los militares.

Inmersa en un proceso de paz tras varias décadas de conflicto armado, Colombia resulta otro de los países latinoamericanos más afectados por el fenómeno de las desapariciones forzadas.

Organizaciones defensoras de derechos humanos, víctimas y políticos colombianos expresan su respaldo a la creación de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, que tendrá la misión de esclarecer el destino de un estimado de 50 mil seres humanos con paradero desconocido en ese país.

Recientes casos de desapariciones forzadas, asesinatos y amenazas a líderes sociales, evidencian la presencia en Colombia de grupos paramilitares que pretenden ocupar los espacios abandonados por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo tras la firma del acuerdo de paz.

La Organización de las Naciones Unidas recuerda en esta fecha que los defensores de derechos humanos, ambientalistas, activistas políticos, indígenas, ancianos y niños, son especialmente vulnerables ante esa situación.(Fuente/PL)