Por: Arnaldo Musa
Tal como han hecho con Lula en Brasil, Rafael Correa está siendo víctima de la persecución política en forma jurídica para acabar de eliminarlo en muchos sentidos, en una forma tal que se me antoja que conlleva venganzas personales de diversa índole.
Para Correa "la estrategia hacia mí es matarme, meterme preso o impedir mi regreso a Ecuador. Hay que parar la judicialización de la política. ¡Que nos derroten en las urnas, no con sus artimañas!", reivindicó el ex presidente ecuatoriano.
La orden de prisión preventiva fue dictada en su contra por la jueza Daniella Camacho, quien lo acusó por el presunto secuestro del ex legislador Fernando Baltra, ocurrido en el 2012, pero el contralor nombrado al efecto y el fiscal que lo persigue fueron nombrados a dedo, sin concurso, lo cual no es legal, pero esto no importa, porque la cuestión era, es, meterlo preso.
La orden de prisión preventiva fue dictada después de que el ex mandatario no se presentara en la sede de la Corte Nacional de Justicia en Quito, pero lo hizo en el Consulado de Ecuador en Bélgica, donde reside con su familia desde hace un año. Además de la orden de detención, la jueza aceptó la petición de la Fiscalía de solicitar a Interpol su arresto y extradición.
Comentando el caso del secuestro de Balda, Correa denunció que es una "gran ridiculez que no tiene ninguna perspectiva de éxito a nivel internacional". Balda "estaba huido de la Justicia ecuatoriana" y "se dedicaba a acciones ilegales en Colombia", y subrayó que "es claro que se trata de un abuso policial". "Trataron de capturarlo unos policías y vieron que con falsos testimonios podían involucrar al propio Presidente de la República", denunció.
"Saben que resido en Bélgica. El Fiscal pide que me presente en el Consulado de Bélgica cada 15 días, pero la jueza impone que me presente cada 15 días en Ecuador sabiendo que es imposible", dice el ex mandatario.
"No hay ninguna prueba, ningún indicio contra mí", enfatiza Correa a la vez que tacha la orden de detención de mecanismo "absolutamente ilegal que sería imposible en cualquier país". "Pero el mundo mira hacia otro lado. Si esto hubiera pasando en mi gobierno con un opositor político, ya estaría en el Tribunal Internacional de La Haya", recalcó.
COMPLOT
Diez años de Revolución Ciudadana en la que los reconocidos logros sociales y disminución de la pobreza formaron parte de una política honesta que hizo más equitativo el reparto de las riquezas, sacó ronchas en la oligarquía nacional, al tiempo que el imperialismo veía con preocupación el estilo de gobierno de un mandatario que no se avenía a sus intereses.
Es por eso que resulta molesto pensar cómo el actual mandatario, Lenín Moreno, quien siempre gozó del apoyo del hoy perseguido Correa, ha actuado de acuerdo a los enemigos del ex presidente y seguido pautas que ponen en peligro los logros de la anterior administración, nada diáfano y que parece movido por deseos de venganza, no sé el porqué.
Sin dudas, esta acción contra Correa forma parte de la acción imperialista de coaptar a la justicia para perseguir a dirigentes de izquierda.
A nivel regional, el caso contra Correa no es el único, porque ahí están los resultados de las acusaciones contra el ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula Da Silva, la ex mandataria argentina Cristina Fernández de Kirchner y el vicepresidente ecuatoriano Jorge Glas. Hay que recordar que el ex presidente de Ecuador ya había sido acusado en vano de preventas petroleras mal hechas, contratos mal negociados en ese sector, de crimen organizado, de tráfico de influencias, y todo en los últimos meses, porque vieron la estrategia de judicialización de la política.
Todo esto ha contribuido al auge de la derecha en Suramérica y la ruptura de una institucionalidad que es fundamental para el buen vivir.
Mientras tanto, diversas personalidades y líderes mundiales ya han expresado su solidaridad con el ex mandatario ecuatoriano. El presidente de Bolivia, Evo Morales, ha criticado la "politización de la justicia ecuatoriana" y ha denunciado además la "injerencia de EE.UU. en intención de encarcelar a un inocente". También se solidarizaron con Correa los ex mandatarios Ollanta Humala, de Perú, y Ernesto Samper, de Colombia, algo necesario, aún insuficiente, para llamar la atención sobre el proceder de la bien llamada injustica ecuatoriana.
(Tomado de Cubasi)