Imagen / Cubaperiodista.

Por Pedro Martínez Pírez

El funcionario del Departamento de Estado Rodney Hunter, a quien el gobierno de Estados Unidos encomendó la triste misión de defender el bloqueo yanqui en la Asamblea General de las Naciones Unidas no debe haberse recuperado aún de la contundente derrota sufrida por Washington en la ONU el pasado 23 de junio.

Estados Unidos tuvo solamente el apoyo del gobierno sionista de Israel, en una paliza diplomática que se selló con marcador de 184 votos a favor, 2 en contra, y tres abstenciones de gobiernos que deben obediencia a Washington, como Ucrania, Brasil y Colombia.

 La historia y los pueblos se encargarán de juzgar a quienes en la Asamblea General de la ONU se pusieron directa o indirectamente de parte de una gran potencia que ha sido condenada en 29 ocasiones por la inmensa mayoría de las naciones del mundo, que también sufren el impacto del genocida bloqueo de Estados Unidos contra Cuba.

Son ya casi 60 años de bloqueo de Estados Unidos contra Cuba, intensificado en el cuatrienio de Donald Trump, y lo peor es que en estos tiempos de pandemia el nuevo gobierno yanqui, que debería sentirse continuador de la administración de Barack Obama, mantiene intactas las crueles medidas adoptadas por su antecesor republiano contra la pequeña Cuba.

 Es el fariseísmo de la política exterior yanqui, fuertemente influenciada por dos anexionistas de origen cubano, el republicano Marco Rubio y el demócrata Bob Menéndez, que no se cansan de recomendar a la Casa Blanca nuevas medidas para asfixiar a Cuba.

De ahí que el Canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, cuya voz se escuchó alto y claro en la presentación del proyecto de resolución contra el bloqueo en la ONU , denuncie ahora que las políticas de Estados Unidos están fomentando una emigración insegura, desordenada, e irregular.

 Y es que Washington no cumple los acuerdos suscritos con Cuba hace muchos años de otorgar veinte mil visas a cubanos que deseen viajar a Estados Unidos para la reunificación familiar. Mantiene vigente la llamada Ley de Ajuste Cubano que estimula las salidas ilegales de Cuba, y no ha restablecido las funciones del Consulado en su Embajada en La Habana , que fueron suspendidas por el gobierno de Donald Trump en 2017 con el pretexto de las misteriosas afectaciones de salud del personal yanqui.

Para viajar a Estados Unidos los cubanos deben solicitar el visado en terceros países, lo cual encarece enormemente los trámites y costos de las visas, y favorece la emigración insegura, desordenada e irregular, que Washington y los voceros de la mafia anticubana de Miami, utilizan en su campaña para tratar de mostrar el fracaso del sistema cubano y justificar la política cruel del bloqueo.

Esa es la esencia del fariseísmo de la política exterior yanqui, que no ha cambiado en las últimas seis décadas; sesenta años que han visto desfilar por la Casa Blanca a gobiernos republicanos o demócratas, todos empeñados en desconocer el derecho de Cuba a existir como una República indepediente y soberana  que quiere forjar su futuro, y que lo está logrando, con el apoyo de la mayoría de las naciones del mundo, como lo pudo constatar en la ONU el infeliz diplomático yanqui, Rodney Hunter, el pasado 23 de junio.