Por: Yílian González Salgado
Aunque mucho sonaron en Venezuela en 2019 términos como oposición, desacato, y autoproclamación, esas líneas si bien lo complejizaron no distinguieron el escenario sociopolítico del país en todo el año, en el que un principio levanta la bandera tricolor, y fecunda el legado del comandante Hugo Chávez. Ese principio es el de la Unión Cívico Militar.
Lo que algunos han calificado como la crónica de un fracaso anunciado se inició el 5 de enero cuando la mayoría opositora popularizó el nombre de Juan Guaidó, entonces desconocido diputado por el estado de Vargas, y lo ratificó como presidente de la Asamblea Nacional, parlamento declarado en desacato por el Tribunal Supremo de Justicia desde 2016, por sus constantes violaciones al orden constitucional.
De esa manera, y con el respaldo de una poderosa agenda mediática, Guaidó se autoproclamó el 23 de enero presidente encargado de la nación, en un acto calificado por las autoridades legítimas como intento de golpe de Estado.
El cabecilla del partido de extrema derecha Voluntad Popular ganó el apoyo y el financiamiento inmediato de Estados Unidos, que una vez más reprodujo su guión imperial e injerencista en los países progresistas y soberanos, a fin de estimular un cambio de régimen. Tal postura condujo a Caracas a romper relaciones con Washington.
Aún cuando Juan Guaidó logró cierto respaldo de sectores de la población adversos al proceso revolucionario, esa popularidad fue mermando, a partir de que su discurso, servil al imperio y demagogo al pueblo, jamás se materializó en un programa político de beneficio popular. También perdió credibilidad por los constantes llamados a la violencia y los continuos escándalos de corrupción.
Con el recrudecimiento de las sanciones económicas y las provocaciones en la frontera colombo- venezolana para justificar una intervención militar con el pretexto de una ayuda humanitaria, creció en el mes de febrero el apoyo logístico, material, mediático y financiero de Washington y Bogotá a la ultraderecha, en una operación que generó el temor y graves hechos de violencia en el occidental estado de Táchira. Las secuelas de esos episodios dejarían ver más tarde la vinculación del líder opositor con paramilitares colombianos.
La violencia de la derecha se agudizó en el país con los atentados en el mes de marzo contra el sistema eléctrico nacional, que hicieron colapsar los servicios públicos, y el asedio a la base aérea Francisco de Miranda el día 30 de abril, cuando un grupo reducido de militares se dirigió al distribuidor Altamira, desde donde convocó a tomar las calles de Caracas para iniciar una nueva intentona golpista contra el Ejecutivo bolivariano. Una vez más se probó la capacidad de resistencia de los defensores del chavismo, y la Unión Cívico Militar, que nuevamente se erigió como principio de la conciencia popular.
A partir de las operaciones en la zona fronteriza con Colombia, en junio, el medio PanAm Post reveló la implicación de delegados nombrados por Guaidó en la malversación de millones de dólares para patrocinar a militares desertores en la ciudad de Cúcuta.
A finales de noviembre, el supuesto presidente encargado anunció la destitución de su representante en Bogotá, Humberto Calderón Berti, quien presentó una denuncia ante la Fiscalía colombiana por manejos irregulares de fondos procedentes de activos ilegalmente expropiados a Venezuela, como parte de las medidas coercitivas de Estados Unidos. Esos recursos provendrían de empresas como Monómeros Colombo-Venezolanos, una filial de la estatal Petroquímica, y Citgo Petroleum, una propiedad venezolana en suelo norteamericano.
El autoproclamado, que prometió renovar la supuesta pérdida del estado de derecho en el país, sufrió la incongruencia de su discurso político con el discurso visual, cuando salieron a la luz una serie de fotos que mostraban al diputado en una relación de amistad con integrantes del grupo criminal Los Rastrojos, vinculado con delitos de narcotráfico, asesinato y extorsión.
Fue entonces, como un avizorado giro político lentamente acabó con el dinamismo y la efervescencia de la palabra de Guaidó, en contraste con sus actos. Mientras tanto aumentaban las concentraciones populares en apoyo al presidente bolivariano Nicolás Maduro, quien insistía en la batalla por el derecho a la paz con independencia, la justicia, la igualdad social y la defensa de la dignidad del pueblo.
El 14 de diciembre el Gobierno de Venezuela denunció que un comando terrorista, bajo la dirección de Juan Guaidó y Leopoldo López, planificó tomar dos instalaciones militares en el estado de Sucre, una maniobra para distraer la atención de la opinión pública de las fallidas acciones, que sólo exponían a una oposición desesperada y dividida.
Aún cuando en todo el año no cesaron los estímulos a la sedición en las filas de las Fuerzas Armadas, la oposición ignoró los llamados al diálogo, y conspiró en el robo de los activos de Venezuela en el extranjero, aumentaron los pretendidos intentos desde el seno del Legislativo de aprobar el retorno al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, creció la guerra cibernética contra el gobierno constitucional, los medios de prensa neoliberales se empeñaron en satanizar la imagen de Nicolás Maduro, se maquilló el historial político de los opositores y se sugirió el servilismo y la injerencia como únicas alternativas para levantar a un país. Incluso así no se doblegaron la constancia y la fuerza de la Revolución bolivariana, y del pueblo.
Una vez más la Unión Cívico Militar fue timón y proa para enfrentar el mar de turbulencias sociopolíticas en Venezuela, que en 2019 dio una lección de resistencia más que loable y digna de ejemplo, en un complejo panorama latinoamericano inmerso en una lucha de poder, que en este caso, sólo gana ventaja el poder de la verdad y la justicia.
