El presidente de Bolivia, Luis Arce. La Paz, Bolivia, el 8 de noviembre de 2020.Foto: Bolivian Presidency / Reuters

Por: Daniela Hernández Gari

Bolivia lleva a sus espaldas una profunda crisis política, económica, social y sanitaria heredada del régimen de facto de Jeanine Áñez. No obstante, el pueblo de esa nación sudamericana junto a Luis Arce,  presidente electo por una amplia mayoría,  echaron a andar en este 2021 por el camino de la recuperación.

En el ámbito internacional, el nuevo ejecutivo se propuso romper el aislamiento que dejó el gobierno golpista, el cual deterioró las relaciones con Cuba, Argentina, España, Rusia, entre otros.

Sus esfuerzos poco a poco dieron frutos y Bolivia logró establecer hasta el momento 30 acuerdos bilaterales con diferentes países sobre temas sociales, cooperación e infraestructura.

En la ONU , la nación  fue elegida como miembro de los consejos Económico y Social, y de Derechos Humanos para el periodo 2021– 2023, así como de la Comisión de Estupefacientes del 2022 al 2024.

También participó Bolivia de manera activa en la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Dentro de ella se unió a otros seis países de la región en la recientemente establecida Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio.

Desde el mismo momento en que tomó el poder, a fines de 2020,  el actual  gobierno  boliviano puso en práctica varias acciones para apoyar al pueblo como el pago  del Bono del Hambre. En enero, el vocero presidencial anunció un conjunto de medidas para reactivar la economía, entre ellas,  varias obras y proyectos estratégicos que incluyen diversas  fábricas en el departamento de Cochabamba y la reprogramación de créditos.

Los golpistas aprovecharon su posición para beneficiarse económicamente y dañar la infraestructura existente en varios sectores. En febrero la Procuraduría General del Estado de Bolivia inició el proceso de más de 15 casos de corrupción detectados durante el gobierno de facto de Jeanine Áñez.

En declaraciones a radio Patria Nueva,  el procurador general de ese país, Wilfredo Chávez  reveló que entre las investigaciones abiertas sobre la gestión del gobierno golpista está el manejo anómalo de algo más de 1 millón 500 mil dólares de compras en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, pagos irregulares en Entel Sociedad Anónima, empresa estatal de telecomunicaciones, viviendas, entre otros.

A finales de mayo, el ministro de gobierno, Carlos Eduardo del Castillo expresó en conferencia de prensa que fondos obtenidos por ex funcionarios del gobierno de facto mediante la compra ilegal de gases lacrimógenos integraron inversiones de dos proyectos constructivos, con un sobreprecio de 2 mil 300 millones de dólares.

La viceministra boliviana de Comunicación, Gabriela Alcón, denunció también en noviembre que los daños provocados a medios como Bolivia Te Ve, radio Patria Nueva y a la RPO , Sistema Nacional de Radios de los Pueblos Originarios, se cuantifican en más de un millón 280 mil dólares.

Las heridas del golpe de estado del 2019 se mantienen en la memoria del pueblo boliviano, por lo que el ejecutivo emprendió una serie de investigaciones judiciales desde inicios del año sobre sus autores y promotores. Como resultado la presidenta Yanín Añez y varios de sus ex ministros fueron apresados.

Las pesquisas también revelaron en julio que gobiernos vecinos, como los encabezados por los entonces presidentes de Argentina Mauricio Macri y de Ecuador, Lenín Moreno, enviaron municiones a los golpistas. Las mismas fueron utilizadas posteriormente para atacar a los manifestantes

Las atrocidades del gobierno golpista continuaron revelándose cuando la directora general del Servicio para la prevención de la Tortura , Nadesha Guevara, informó en junio que al menos 180 personas  sufrieron torturas y véjamenes entre noviembre de 2019 y octubre del 2020.La funcionaria expresó que las autoridades de facto practicaron detenciones ilegales con todo tipo de imputaciones, bajo el criterio de asumir al ciudadano como enemigo que va en contra de las ideas políticas del gobierno del momento. Recordó además que varios organismos internacionales verificaron la ocurrencia de esas acciones.

También fueron prioridad para el gobierno de Luis Arce  el esclarecimiento de los hechos concernientes a las masacres de Senkata y Sacaba. Las víctimas y sus familiares exigieron durante todo 2021 justicia para los afectados y el gobierno mostró su apoyo para llegar a la verdad. Varios policías, militares y por supuesto, la presidenta de facto, Yanín Añez, son actualmente investigados y algunos cumplen prisión preventiva. El actual ejecutivo renovó en noviembre  un acuerdo petitorio con los familiares y víctimas de estos terribles hechos. El documento comprende demandas sobre atención médica y psicológica, vivienda, créditos y acciones de asistencia social.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, expresó a finales de agosto que su más reciente libro “A la mitad del camino”, cuenta cómo decidieron darle protección y asilo al ex primer mandatario Evo Morales después del golpe de estado.

En la obra se muestra un documento de la Secretaría de la Defensa Nacional de México que evidencia  los intentos de asesinato que sufrió el líder indígena. Miembros de la Fuerza Aérea Mexicana declararon que desde que se encontraban en la terminal aérea, un elemento de las fuerzas armadas de Bolivia apuntó a la aeronave, de forma permanente, con un lanzacohetes RPG. Expresaron también sus sospechas de que un cohete pudo haber sido lanzado contra el avión en el que se encontraba Morales. El piloto estimó que en caso de tratarse de un proyectil, el punto desde donde fue lanzado podría estar ubicado en las inmediaciones del aeropuerto de Cochabamba.

Mientras el país intentaba salir adelante y revelaba los daños del gobierno de facto, la derecha no cejó en su propósito de deslegitimar al ejecutivo y desestabilizar a la nación andina, y para ello utilizó la desinformación, mentiras y falsos argumentos sobre temas sensibles.

Con esa estratagema diversos sectores llamaron al paro indefinido a partir del 8 de noviembre en respuesta a la decisión del gobierno a mediados de octubre sobre la retirada de la Asamblea Legislativa Plurinacional del proyecto de Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas. La fecha coincidía con el aniversario de la toma de poder del presidente Luis Arce.

Los pronunciamientos de la oposición declararon que esa acción buscó derogar la Ley MIL 386, de la Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo, considerada por esos sectores como la norma originaria del proyecto depuesto.

El paro duró nueve días y causó la muerte de un campesino, a pesar de que Arce convocó a gremios socioeconómicos a un gran diálogo. Los representantes de los comités cívicos, rechazaron la invitación y continuaron con bloqueos de carreteras, afectando la cotidianidad de los habitantes, especialmente en Cochabamba

El presidente de Bolivia, Luis Arce, sostuvo el 13 de noviembre una reunión con varios gremios donde anunció la abrogación de la denominada Ley  MIL 386, también denominada Ley madre, que utilizaron los grupos extremistas para desestabilizar al país. El jefe de estado boliviano argumentó que la abrogación de esa normativa tiene como objetivo allanar el camino para que NO exista el mayor pretexto para seguir maltratando, enlutando y paralizando la economía.

Organizaciones y movimientos sociales de toda la nación andina en respuesta al paro llamaron a una Marcha por la Patria , que estuvo presidida por el líder del Movimiento al Socialismo, Evo Morales. Tras recorrer en siete días alrededor de 200 kilómetros desde la ciudad de Oruro, más de un millón de bolivianos procedentes de los nueve departamentos, se concentraron el 29 de noviembre en la plaza San Francisco, ubicada en La Paz , para apoyar al gobierno de Arce y el proceso de cambio que se desarrolla en el país.

Este 2021 fue un año de revelaciones para Bolivia, que aún indaga en las atrocidades y daños que causó el golpe de estado y el gobierno de facto que le siguió. Un periodo de reconstrucción, al que la derecha trató de impedir su avance. No obstante, aquellos conscientes de la necesidad de restaurar la economía de la nación, de continuar las obras sociales, y de apoyar a los más vulnerables, especialmente, durante una pandemia que ha marcado al mundo. Esos bolivianos apoyaron ante cada obstáculo de la derecha el gobierno que eligieron de forma legítima y por una amplia mayoría.