Bruselas, 11 jun (RHC) Bruselas ultima la aprobación de una norma que permitirá la entrada de los Estados en el capital de sus compañías, grandes o pequeñas y cotizadas o no, para evitar su quiebra ante el tsunami del coronavirus.

España apoya la iniciativa, pero pide que se extremen las garantías para evitar distorsiones en la competencia y asimetrías en el mercado interior. La Comisión pide que se notifiquen las inyecciones de más de 100 millones, umbral que Alemania y Francia quieren elevar a 500 millones.

La pandemia del coronavirus no solo ha puesto en jaque el concepto de globalización, sino que ha trastocado por completo el orden económico mundial, confinando al libre mercado y dando rienda suelta a las tentaciones proteccionistas. La Comisión Europea, hasta ahora adalid de la competencia y el libre comercio y azote de cualquier auxilio estatal al sector privado, perfila la modificación del marco temporal de ayudas públicas para hacer frente a los destrozos económicos de la COVID-19, abriendo la puerta en su último borrador del proyecto, al que ha tenido acceso EXPANSIÓN y que Bruselas prevé aprobar en los próximos días, a una suerte de nacionalización generalizada de empresas en apuros en Europa, cotizadas y no cotizadas, grandes y pequeñas.

Es un cambio radical respecto al proyecto original, adoptado el pasado 19 de marzo, que se circunscribía a facilitar las actuaciones de los Estados miembros a la hora de garantizar liquidez a las empresas (esencialmente mediante avales públicos a préstamos); conceder subsidios salariales; suspender o aplazar el pago de impuestos, u otorgar ayudas directas a los consumidores por los servicios cancelados a raíz de las medidas de cuarentena, comenta la publicación argentina El Cronista.

Apenas tres semanas después y tras una primera revisión el 3 de abril, en la que se amplió el marco temporal para que los gobiernos pudieran conceder ayudas públicas a la investigación y desarrollo de productos vinculados con la lucha contra el coronavirus, el último borrador, que Bruselas tiene intención de aprobar este mismo mes de abril, aborda ya sin ambages la irrupción del Estado en el capital de las empresas en riesgo de colapso so pretexto de que esta eventual nacionalización de tejido empresarial reduciría el riesgo que para la economía de la UE representaría “un número significativo de insolvencias”; ayudaría a “preservar la continuidad de la actividad económica” durante el brote pandémico y respaldaría “la recuperación posterior”.

Se trata de un giro de 180 grados respecto al planteamiento inicial tras el que se encuentra la fuerte presión de las mayores economías del euro: Alemania, Francia (en cuyo ADN está incrustado el virus del proteccionismo) e Italia, que en las últimas semanas no han ocultado su intención de recurrir a las nacionalizaciones para salvar a sus empresas emblemáticas.

En el borrador de su propuesta, que rema en la dirección contraria a lo que el Ejecutivo comunitario ha defendido a lo largo de su trayectoria, la propia Comisión reconoce que “varios Estados miembros están considerando tomar una participación en el capital de empresas estratégicas para garantizar que su aportación al buen funcionamiento de la economía de la UE no se vea comprometida”.

Curiosamente, Bruselas subraya que si dichas naciones (que no menciona) adquieren las acciones de esas compañías a precios de mercado o en igualdad de condiciones que inversores privados, “esto en principio no constituye ayuda estatal”. Italia, junto a España uno de los dos países europeos más castigados por la pandemia, ya anunció la nacionalización de la compañía aérea Alitalia a principios de mes, mientras que Alemania, que ya ha acudido al rescate de empresas como Adidas vía préstamo, no descarta tomar una participación en la aerolínea Lufthansa para evitar un fatal desenlace.

Por su parte, Francia, que ya es accionista de referencia en empresas clave de diferentes sectores estratégicos, como las energéticas Engie y EDF, la teleco Orange, la automovilística Renault o la aerolínea Air France-KLM, ha reiterado por activa y por pasiva que hará lo que sea preciso para salvaguardar a sus empresas más emblemáticas.

Esta operación de macrosalvamento empresarial no convence a España, más partidaria de una respuesta a escala europea, según informan fuentes próximas a la negociación en Bruselas, que señalan que la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, manifestó en el Eurogrupo muy serias reservas a la propuesta por el riesgo de generar distorsiones de competencia en el mercado europeo ante la distinta capacidad financiera de los países para acometer nacionalizaciones.

Unas reticencias a las que se sumó Holanda (el azote de España en la frustrada reclamación de los eurobonos), pero que, en cualquier caso, no parecen suficientes para hacer descarrilar la iniciativa, que, previsiblemente, saldrá adelante con un respaldo mayoritario.

La situación que está a punto de vivir Europa trae a la memoria lo sucedido en España en las décadas de los 70 y 80, cuando el fallido experimento del Instituto Nacional de Industria (INI) evidenció que el rescate generalizado de empresas públicas era una trampa para las finanzas públicas, cuyo riesgo crecía exponencialmente a medida que se incrementaba el número de participaciones estatales en empresas en apuros. Eran compañías a las que no se dejaba quebrar por el fuerte coste reputacional y político, pero que dejaban tras de sí un ingente reguero de pérdidas. A mediados de los noventa, sólo el déficit público derivado del respaldo financiero a las compañías nacionalizadas ascendía todavía al 4% del PIB, obstaculizando la entrada de España en la Unión Monetaria.

Alemania, Francia e Italia, que esgrimen que las nacionalizaciones ya se produjeron tras la crisis de 2008, aunque soslayan que se limitaron a los bancos y no a todos, buscan ahora mayor manga ancha para recapitalizar a sus empresas sin pasar por el filtro de Bruselas, que fija en 100 millones de euros el umbral a partir del cual deben notificarse las inyecciones de capital en empresas individuales. Mientras que gobiernos como el francés defienden un incremento sustancial de ese suelo, el Ejecutivo español no solo pide reducirlo aún más, sino también endurecer los requisitos para que las empresas accedan a la recapitalización.

Para Calviño, que en una entrevista en Financial Times lamentó que los países con más músculo económico “puedan apoyar sus economías de una manera más generosa que otros” y reclamó ya que “las garantías otorgadas a las empresas sean similares en toda la UE”, la respuesta a la catástrofe económica es un fondo de recuperación común dotado con 1,5 billones de euros que evite que la competitividad de los países más afectados por la pandemia se vea mermada en beneficio de los estados más pudientes.

Otro riesgo importante para la economía de mercado es la tentación de interferir en la gestión de las empresas nacionalizadas, un peligro que en el caso de España y del Gobierno de coalición de PSOE-Podemos ya se materializó de forma nítida en enero, antes del inicio de la pandemia, con la dimisión de Jordi Sevilla como presidente de Red Eléctrica por las constantes injerencias de la vicepresidenta para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en una compañía cotizada y en la que el Estado tiene una participación minoritaria, del 20%.

Pero el riesgo no se ciñe únicamente a las empresas estratégicas. Bruselas contempla permitir a los Estados recapitalizar sus empresas, grandes o pequeñas, cotizadas o no, siempre que se demuestre que sin la intervención del Estado esa compañía estaría abocada al cierre o tendría “serias dificultades” para mantener su actividad. Una generalización que los expertos temen que pueda derivar en una falta de control y en la imposición de criterios políticos y clientelismo.

Por ello, quizás en un intento de curarse en salud, la Comisión advierte de que la presencia pública en el capital debería ser una opción de “último recurso” dado su carácter “altamente distorsionador de la competencia entre empresas”. Bruselas también aboga por una permanencia temporal, lo más corta posible, del Estado como accionista, pero esto corre el riesgo de quedar en un mero wishful thinking, pues una vez bajo el paraguas público resultará difícil que una empresa recompre la participación pública. Más si como propone la Comisión la salida se penaliza sensiblemente.

(Cubadebate)