La Habana, 1 abr (RHC) Revisar el impacto de la descentralización de facultades en el sector empresarial, las me­didas implementadas para enfrentar el envejecimiento poblacional, así como el otorgamiento de subsidios a la población constituyeron objetivos priorizados de la X Com­pro­bación Nacional al Control Interno, cuyos resultados fueron expuestos en una conferencia de prensa efectuada en la sede de la Con­traloría General de la República (CGR).

Durante el encuentro, la vicepresidenta del Consejo de Estado y contralora general, Gla­dys Bejerano Portela, llamó a trabajar más con las normas y subrayó el papel determinante de la empresa estatal socialista en el desarrollo de la economía. No obstante, reconoció que aún falta mucho por andar en el camino de la eficiencia y la productividad.

En el ejercicio, que se extendió del 2 de noviembre al 11 de diciembre del 2015 y abarcó 396 entidades, fueron evaluados, entre otros aspectos, la correcta aplicación de 35 Lineamientos de la política económica y social del gobierno y se realizaron 123 auditorías especiales, de las cuales el 42 % obtuvo aceptable, mientras que el 58 % fue evaluado de deficiente y mal, según informó la vicecontralora general Alina Vicente Gaínza, precisa el diario Granma.

La comprobación, aseguró, puso de manifiesto los avances obtenidos por el sector em­pre­sarial luego de la descentralización de fa­cul­ta­des, si bien persisten, en algunos casos, los planes esquemáticos, los incumplimientos del en­cargo estatal (fundamentalmente en entidades agropecuarias), así como fichas de costo mal elaboradas y tratamientos contables incorrectos.

Sobre las medidas aprobadas para enfrentar el envejecimiento poblacional, manifestó que han impactado de manera positiva en el bienestar de este grupo etario, no así en el control ad­ministrativo, contable y jurídico de las entidades municipales que intervienen en su aplicación. Asimismo, se repiten insuficiencias en los procesos inversionistas y los mantenimientos de las casas de abuelos y hogares de ancianos y se observaron  vulnerabilidades en la base legislativa de los Ministerios de Salud Pública y de Trabajo y Seguridad Social.

También el otorgamiento de subsidios a per­sonas naturales para la adquisición de ma­teriales de la construcción, tema seguido des­de el año 2012, “va alcanzando, expresó Vi­cen­te Gaínza, mejor control y satisfacción en la población, aunque se mantienen las dificultades con los medios de pesaje, el de­sa­bastecimiento de productos como el acero y los áridos y el descontrol en los puntos de venta”.

Los programas complementarios examinados reiteraron irregularidades en los contratos, pagos indebidos a trabajadores por cuenta propia, inventarios con faltantes y sobrantes,  así como descontrol en los combustibles y cuentas por cobrar y pagar con saldos envejecidos y sin conciliar. Por estos conceptos, apuntó, se determinaron cuantiosos daños al presupuesto del Estado y al de las entidades.

Las acciones develaron además, 20 presuntos hechos delictivos y siete de corrupción y han sido aplicadas 1 119 medidas disciplinarias a responsables directos y colaterales.