Ankara, 16 abr (RHC-PL) Con el 99,9 por ciento de los sufragios escrutados del referéndum celebrado en Turquía, un 51,2 por ciento de los votantes apoyaron la reforma de la constitución propuesta por el gobierno.

Una participación del 85,9 por ciento y algo más de un millón de votos, sobre un total de 55 millones de electores, decidieron un resultado muy ajustado que conllevará el mayor cambio político desde la creación de la república en 1923.

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, felicitó por el resultado a los jefes de los partidos políticos que apoyaron la campaña del Sí.

Por su parte la oposición denunció la manipulación electoral en el proceso, y tanto el Partido Republicano del Pueblo como el Partido Democrático de los Pueblos, que aglutina a la izquierda prokurda, anunciaron que impugnarán hasta dos tercios de los votos al haber detectado irregularidades.

Una de las violaciones fue la autorización a última hora de la jornada por parte del Consejo Superior Electoral de dar por válidas papeletas y sobres sin el preceptivo sello de la mesa electoral, lo que para la oposición abre la posibilidad de manipulación y de incluir votos de fuera.

El referéndum fue además el más ajustado de los siete celebrados en la historia de Turquía y a la vista de los resultados por provincias muestra un mapa del país muy fraccionado, con las principales ciudades incluida la capital y el oeste del país, donde se concentra la mayor parte de la población, en contra del sistema presidencialista.

Los cambios legales entrarán en vigor en 2019, una vez acabe el mandato de Erdogan, quien gracias al nuevo sistema podrá presentarse a la reelección en dos ocasiones más, por periodos de cinco años, lo que eventualmente le permitiría seguir gobernando hasta el año 2029.

Además, contará con amplios poderes pues será el jefe del Estado y del ejecutivo, nombrará a los ministros, podrá emitir decretos legislativos, promulgar el estado de emergencia, determinar el presupuesto, nombrar a jueces, disolver el Parlamento y designar a los candidatos del partido gobernante para las elecciones parlamentarias.

La Asamblea Nacional se convertirá de hecho en una institución a las órdenes del presidente, pues perderá las atribuciones con las que hasta ahora contaba para ejercer la labor de control sobre el ejecutivo.