La Paz, 22 jun (RHC) El presidente de Bolivia, Evo Morales, consideró una página negra en la historia de la justicia chilena la sanción de tres años de cárcel impuesta a los nueve compatriotas detenidos el 19 de marzo cuando combatían el crimen.
La víspera la jueza de Pozo Almonte, Isabel Peña, condenó a prisión a los dos militares y siete aduaneros arrestados en un confuso incidente fronterizo, aunque sustituyó esa pena por su expulsión del territorio chileno y una multa de 50 000 dólares.
En opinión del jefe de Estado boliviano, esa dura sanción es una venganza por la demanda presentada por su país ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya para lograr una salida soberana al mar.
Evo Morales aseguró que tarde o temprano las autoridades de Chile deberán resarcir el daño ocasionado a los nueve bolivianos y anunció su decisión de llevar el caso ante organismos internacionales.
Por su parte, el ministro de Defensa de Bolivia, Reymi Ferreira, afirmó que la sentencia impuesta por Chile a los nueve funcionarios constituye una injusticia y acudirán al Pacto de Bogotá para denunciar el hecho.
Ferreira criticó el veredicto de la jueza chilena de Pozo Almonte, Isabel Peña, quien estableció que los siete funcionarios de la Aduana boliviana no pueden ingresar al país vecino en los próximos 10 años y los dos militares en los 20 años, de violarse esas disposiciones deberán cumplir la pena de cárcel.
El titular calificó de lamentable que la jueza no tomara en cuenta la denuncia de tortura y vejámenes de la cual fueron víctimas los nueve, razón suficiente para presentar el caso en la Comisión de Recepción e Investigación del Pacto de Bogotá.
Dicho Pacto, conocido también como el Tratado Americano de Soluciones Pacíficas, es un espacio internacional suscrito el 30 de abril de 1948 por los países independientes de América reunidos en la IX Conferencia Panamericana en la ciudad colombiana.
Tras conocer el fallo de la justicia chilena, el representante de la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Bolivia, Denis Racicot, invitó a los colegios de abogados de Bolivia y la nación austral a analizar el caso y realizar una 'sana crítica' al proceso para que un suceso de esas características no se vuelva a repetir entre ambos países.
Este miércoles los bolivianos Carlos Calle y Alex Johnny Carvajal, ambos militares, fueron hallados responsables de los delitos de porte ilegal de arma, contrabando y robo con intimidación. Mientras que los otros siete funcionarios de Aduana: David Quenallata, Carl Luis Guachalla, Juan José Torres, Ediberto Raúl Flores Mamani, Arsenio Choque, Brian Leandro Quenallata y Diego Guzmán fueron encontrados culpables de los dos últimos crímenes mencionados.
La condena a tres años de cárcel sustituyó la medida por la expulsión en el plazo de 30 días, además fijó una multa por más de 30 millones de pesos chilenos (cerca de 50 mil dólares).
