Caracas, 4 jul (RHC) La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, enfrentará este martes un antejuicio de mérito ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), acusada de cometer graves irregularidades al frente del Ministerio Público (MP).

El TSJ determinó para este martes la audiencia pública y dictaminó como medidas cautelares contra Ortega el impedimento de salida del país y la confiscación de todos sus bienes, precisa Prensa Latina.

La víspera, la máxima instancia consideró que Ortega incurrió en forma grave e inexcusable en abuso de poder al citar al mayor general de la Guardia Nacional Bolivariana Antonio Benavides para imputarlo por supuestas violaciones a los derechos humanos.

El tribunal supremo entendió que la fiscal extralimitó sus atribuciones y lesionó los derechos del Jefe de Gobierno del Distrito Capital.

Además, el integrante del Congreso de la Patria, Capítulo profesionales y técnicos, Andrés Giuseppe, denunció de manera formal a Ortega por mal manejo de recursos económicos al frente del Ministerio Público.

Giuseppe presentó la demanda ante la Contraloría General de la República, también por la designación del vicefiscal Rafael González sin la consulta previa que establece la Carta Magna de Venezuela.

De igual manera se conoció que la Contraloría General inició una auditoría a la fiscalía, para evaluar los procedimientos administrativos, presupuestarios y financieros de ese órgano desde el 1 de enero de 2008 hasta el 30 de junio de 2017.

Según el contralor general venezolano, Manuel Galindo, este control fiscal tiene el propósito de 'verificar la legalidad, exactitud, sinceridad y corrección de sus operaciones'.

Para analistas, las razones de la audiencia contra Ortega radican también en sus acciones de desmembramiento del Estado y desconocimiento del TSJ, que como resultado fomentó el incremento de la inestabilidad en la nación sudamericana.

Igualmente, señalan su actitud parcializada sobre las investigaciones de las víctimas como consecuencia de los disturbios provocados por la derecha desde abril último, con un saldo de al menos 77 muertos, miles de heridos y cuantiosos daños materiales al Estado y negocios privados.