Washington, 30 ago (RHC) Más de 1 850 líderes estadounidenses pidieron al presidente Donald Trump que preserve el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, mediante el cual se benefician unos 800 000 jóvenes indocumentados.

Existente desde hace cinco años, esa iniciativa de la administración de Barack Obama (2009-2017) permite a quienes llegaron a este país cuando eran niños permanecer en él y obtener permisos de trabajo, renovables cada dos años, si cumplen ciertos requisitos, lo cual protege a los llamados 'dreamers' (soñadores) de la deportación.

Ocho gobernadores, cinco fiscales generales estatales, más de 130 alcaldes, 230 legisladores estatales y una gran cantidad de líderes religiosos, jueces, jefes de policía y alguaciles firmaron una declaración que llama al actual mandatario a mantener el programa.

Por medio de una carta, destacaron el papel de esos jóvenes en las comunidades y las familias, y 'sus contribuciones a nuestras escuelas, lugares de trabajo y prosperidad compartida como nación'.

El texto recordó que, a finales de junio, fiscales generales de 10 estados amenazaron con demandar a la administración Trump si no pone fin al DACA, para lo cual dieron como plazo hasta el venidero 5 de septiembre.

'Finalizar el DACA significa que todos estos jóvenes correrían el riesgo de ser deportados y separados de sus familias y de nuestras comunidades. Esto sería absurdamente cruel', indicaron los signatarios de la misiva.

Al mismo tiempo, apuntaron que sacar a cientos de miles de hombres y mujeres jóvenes de la fuerza de trabajo costaría al país a perder unos 460 mil 300 millones de dólares de Producto Interno Bruto durante una década, y decenas de miles de millones más en contribuciones a la seguridad social.

Instamos a Trump a mantener su compromiso y preservar el DACA. También alentamos al presidente, y a los republicanos y demócratas en el Congreso, a promulgar leyes que reemplacen el miedo y la incertidumbre con protección permanente para los soñadores, agregaron.

Según los firmantes, que incluyen a los gobernadores de California, Colorado, Connecticut, Minnesota, Oregón, Rhode Island, Washington y Virginia, es un imperativo moral que la administración y el país sepan que ellos están del lado de estos jóvenes.

También respaldan el documentos figuras como los fiscales generales de Massachusetts, Vermont, Nueva York, California, Connecticut y Minnesota; y alcaldes de Los Ángeles, San Francisco, Phoenix, Denver, New Haven, Atlanta, Chicago, Baltimore, Boston y Filadelfia, entre decenas de otras ciudades.