Buenos Aires, 19 sep (RHC) La expresidenta argentina Cristina Fernández afirmó que la llamaron a declarar en una nueva causa, esta vez una indagatoria a pedido.

En un escrito presentado al juez Sebastián Casanello, tras ingresar a los tribunales de Comodoro Py, expresó la exmandataria que fue citada a prestar declaración sobre la causa de la Ruta del dinero K, en la que se le acusa de lavado de dinero.

En el texto, la senadora manifestó que por octava vez presta declaración indagatoria en Comodoro Py, lugar donde ya no rige la Constitución ni los códigos de fondo, por lo cual se encuentra en una situación inédita.

Subrayó Cristina Fernández que el juez Casanello reconoció en cuatro oportunidades que no existen pruebas que la vincule con esa causa, pero fue llamada a indagatoria por decisión del presidente argentino, Mauricio Macri.

La exmandataria ha declarado en sucesivas ocasiones ser víctima de una gran persecución judicial y, la víspera, se sumó otro capítulo, la decisión del juez Claudio Bonadío de pedirle prisión preventiva y desafuero parlamentario por supuesta corrupción en la obra pública.

Mientras cientos de trabajadores del astillero Río Santiago, uno de los de mayor actividad en Latinoamérica, tomaron el Ministerio de Economía de la provincia de Buenos Aires en protesta por las medidas neoliberales.

Tras un duro capítulo registrado hace unas semanas, que terminó con represión por parte de la gendarmería, los trabajadores quienes demandan, entre otras cosas, que el Gobierno gestione los insumos para continuar con la producción, aseguran que no se moverán del lugar.

El jueves pasado la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, se había comprometido a reunirse con los empleados y al no cumplir con su palabra, éstos ingresaron de manera pacífica al Ministerio de Economía, donde con banderas y arengas piden ser escuchados.

“Queremos trabajar, no queremos estar en la calle. Hoy la responsabilidad es del Gobierno de la provincia de Buenos Aires de lo que pueda pasar en la calle con los compañeros del Astillero”, declaró a la prensa el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado en la localidad de Ensenada, Francisco Banegas.

La situación es tensa y los empleados que luchan por pedidos que consideran justos subrayan que no se moverán del edificio hasta que el ministro Hernán Lacunza les de respuesta.

“A pesar de haber firmado un acta de compromiso frente a una fiscal para darnos una reunión con ministros, el Gobierno bonaerense acaba de suspender la reunión, de manera que hemos sido nuevamente engañados”, informaron los obreros en la red social twitter.

El astillero naval, fundado en 1953, tiene una larga historia y cuenta con más de tres mil trabajadores, algunos de ellos despedidos en los últimos meses en medio del ajuste estatal que impulsa el Gobierno.

En agosto pasado la administración de María Eugenia Vidal se comprometió a no privatizar la empresa y a preservar las fuentes laborales. Sin embargo, sus empleados aseguran que todo está igual y piden reactivar la fábrica.