Bogotá, 3 oct (RHC) La FARC, Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común en Colombia, llamó a su militancia a aunar todos los esfuerzos posibles a fin de garantizar la continuidad del proceso de paz que se lleva en la nación aún en un contexto adverso.

A través de un comunicado a raíz de la carta enviada por los excomandantes Iván Márquez y Oscar Montero al Congreso en la que afirman que el Acuerdo pactado en La Habana, Cuba, fue destrozado, la FARC aclaró que la posición del partido sobre el estado de la implementación del Acuerdo fue definida por el segundo Consejo Nacional de los Comunes.

En el texto el órgano partidista resalta además que las opiniones expresadas son personales e insta a trabajar sin descanso por hacer realidad el potencial transformador del Pacto de paz alcanzado en 2016, juntando la necesaria acción de masas, actividad diplomática, el uso de la vía gubernativa y judicial y el acompañamiento internacional.

Asimismo precisa que los esfuerzos de la FARC están centrados en enfrentar el paquete de reformas antipopulares y antidemocráticas del nuevo Gobierno, con las que además de afectar los intereses de las grandes mayorías, se pretenden nuevas alteraciones al Acuerdo de paz.

Igualmente asevera que a la luz de los compromisos asumidos por el Estado colombiano con la firma del Acuerdo de Paz, resulta inaceptable la tesis gubernamental que no hay recursos para la implementación y con ese argumento es imposible fraguar lo que sería el mayor de los incumplimientos, hacer apagar la llama de la paz con la asfixia presupuestal y financiera.

Igualmente un fuerte debate se generó en el Congreso de Colombia a raíz de declaraciones del ministro de Defensa, Guillermo Botero, acerca de introducir reglamentaciones en la protesta social.

Citado a un debate de control político en el Senado en relación con el tema, Botero dijo que el Gobierno no criminalizará la protesta, sino “a los actores armados que se infiltren en ella”.

En tal sentido el senador del Polo Democrático Alternativo, Iván Cepeda, señaló que las declaraciones del ministro generan un clima de ilegitimidad en medio del creciente ascenso de la participación y las expresiones de movilización ciudadana.

“Sus declaraciones causan grave daño a la democracia; la crisis de la democracia no se resuelve con menos, sino con más democracia”, acotó el legislador.

Consideró, además, que el punto de vista del alto representante del Gobierno justifica el uso desmedido de la fuerza contra las expresiones legítimas de la protesta social.

Cepeda desmintió que los líderes sociales financien sus protestas con dineros del narcotráfico, del crimen organizado o de las organizaciones armadas ilegales, como había dado a entender el titular de Defensa semanas atrás.

Concordó con Cepeda el senador indígena Feliciano Valencia, quien comentó que las comunidades nativas se pagan ellas mismas sus manifestaciones o, en todo caso, reciben aportes de comerciantes, pero nunca de grupos ilegales.

“Sus declaraciones, ministro, son desafortunadas porque, tal como está el contexto, eleva el riesgo para los líderes y comunidades”, opinó el congresista.