Caracas, 22 oct (RHC) El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, denunció que el secretario norteamericano de Estado, Máik Pómpio, reconoce los daños de la campaña contra el Ejecutivo y el pueblo de ese país sudamericano.

En su cuenta de la res social Twitter, recordó Arreaza que Pómpio aludió al impacto adverso de las medidas impuestas por Estados Unidos contra la población venezolana.

El jefe de la diplomacia de Caracas aseguró que también Washington resaltó la colaboración de la Casa Blanca con los movimientos opositores, los cuales pretenden derrocar al presidente constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro, acabar con el proceso revolucionario bolivariano.

Mientras estudios sociológicos divulgaron que el 83 por ciento de los venezolanos ratifica la importancia del diálogo entre el gobierno y los empresarios para satisfacer las necesidades del pueblo.

La encuestadora Hinterlaces mostró los resultados del sondeo, divulgado por el analista político José Vicente Rangel, que informa que cuatro quintas partes de la población de Venezuela apoyan la iniciativa de fijar los precios de bienes y servicios a partir de acuerdos firmados entre el Ejecutivo y el sector privado.

Por otra parte, el 87 por ciento de los consultados está de acuerdo con que el Ejecutivo promueva la inversión privada nacional y extranjera, apuntó Rangel.

Asimismo, el 89 por ciento de los encuestados manifestó sentir más preocupación por los problemas económicos que por la situación política de la nación sudamericana.

A partir del 20 de agosto el gobierno venezolano implementó una serie de medidas encaminadas a revertir el escenario de crisis económica, acentuado por acciones desestabilizadoras promovidas por sectores oligarcas y sanciones internacionales.

Conjuntamente con la entrada en vigencia de la nueva divisa nacional, el bolívar soberano, y la aplicación de políticas de índole salarial, cambiaria, fiscal y tributaria, las autoridades impulsan acuerdos con representantes del ámbito empresarial en pos de elevar el nivel adquisitivo de la clase trabajadora.

En tal sentido, el Ejecutivo bolivariano firmó pactos encaminados a fijar precios de productos de primera necesidad, como alimentos y medicinas, así como los servicios de transportación de pasajeros y el costo de la matrícula en los enclaves docentes de carácter privado.