Madrid, 12 feb (RHC) De político fue calificado el juicio iniciado en el Tribunal Supremo contra 12 líderes independentistas de Cataluña, procesados por su papel en el fallido intento de secesión de esa región española en 2017.

En el comienzo de la vista oral, las defensas de los encausados arremetieron contra lo que consideraron falta de garantías jurídicas y el carácter político del procedimiento.

El abogado del exvicepresidente catalán, Oriol Junqueras, alegó que no existe ninguna ley internacional o de la Unión Europea que impida la secesión, y enmarcó los hechos juzgados dentro del derecho de manifestación y expresión.

Reivindicó el derecho a decidir del pueblo de Cataluña y del Parlamento de esa comunidad autónoma nororiental a debatir sobre la independencia, aspectos que -denunció- el Estado español criminalizó como también hizo con la protesta y la libertad de expresión.

El representante de Junqueras, para quien la Fiscalía pide 25 años de prisión por los presuntos cargos de rebelión y malversación de fondos públicos, argumentó que 'la causa ha sido una suspensión generalizada e indebida de los derechos políticos' de los acusados.

Asimismo criticó que nueve de los 12 dirigentes separatistas enjuiciados lleven más de un año en prisión provisional y recalcó que la Constitución española no permite criminalizar a 'la disidencia'.

Insistió en el derecho a defender la independencia de una entidad subestatal, en alusión a la comunidad autónoma de Cataluña, 'en términos de pueblo oprimido', algo que, en su opinión, permite la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo (Francia).

A su turno, Benet Salellas, abogado del líder social Jordi Cuixart, manifestó que este proceso penal es una derrota colectiva de la sociedad española, pues se opone a la 'esencia propia del Estado democrático de derecho'.

Salellas afeó que los fiscales del caso 'criminalicen' las movilizaciones populares que tuvieron lugar en septiembre y octubre de 2017 como 'medio de presión' para justificar la violencia necesaria y así poder sustentar el delito de rebelión.

Hizo hincapié en que '50 páginas del escrito de la Fiscalía se dedican única y exclusivamente a actos de manifestación pacíficos', lo que supone un riesgo en caso de condena, pues se estaría criminalizando el derecho fundamental a la protesta de cualquier ciudadano, avisó.

'No existe derecho fundamental a la unidad territorial y sí existe el derecho fundamental a la reunión pacífica', puntualizó el letrado.

El referendo de autodeterminación, celebrado el 1 de octubre de 2017 pese a su prohibición por la justicia española, y la ulterior declaración de independencia de Cataluña desencadenaron la mayor crisis política de España en décadas.(Fuente:PL)