San José, 19 mar (RHC) Los dirigentes de la organización Frente Amplio presentó una moción para que la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa investigue la responsabilidad del Estado en el asesinato del líder indígena bribri Sergio Rojas.
“El Estado es responsable por el crimen al no aplicar las medidas cautelares que la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) dictó para proteger la vida de Sergio Rojas”, apuntó a la prensa el diputado del FA, José María Villalta, tras la presentación de la moción ante la Comisión de Derechos Humanos.
Aseguró que 'este crimen es un hecho gravísimo y vergonzoso para Costa Rica y se da justamente el mismo día que el Ministro de Seguridad hizo comentarios que menosprecian y deslegitiman las luchas de pueblos indígenas'.
Exigimos una investigación completa para que este crimen no quede en la impunidad, subrayó Villalta, cuyo partido divulgó hoy un comunicado de prensa en el que demanda al Poder Judicial hacer justicia en este asesinato, ocurrido anoche en la casa de habitación de Rojas, ubicada en el territorio indígena de Salitre.
El legislador del FA plantea que el distinguido activista por los derechos de los pueblos originarios en el territorio de Salitre contaba con medidas cautelares interpuestas por la CIDH, que el gobierno costarricense debía cumplir para su protección ante las constantes amenazas que recibió por parte de finqueros usurpadores de tierra en esa zona.
Asimismo, señala que la Defensoría de los Habitantes reconoció que Sergio acudió a la Fiscalía a denunciar las amenazas contra su vida horas antes del atentado, pero -denuncia- lamentablemente, las fuerzas policiales fueron incapaces de proteger su vida.
La fracción del FA destaca que la moción presentada ante la Comisión de Derechos humanos pretende investigar 'sobre las responsabilidades del Estado en el caso del asesinato del dirigente indígena del Territorio de Salitre Sergio Rojas (...) así como las acciones adoptadas en protección de los pueblos indígenas Teribe y Bribri de Salitre', según lo dispuesto las medidas cautelares que dictó la CIDH en 2015.
Desde las primeras horas de esta madrugada, cuando se conoció el asesinato de Rojas, agrupaciones indígenas, sindicales, políticas, de derechos humanos y de la paz, entre otras, responsabilizan al Estado tico por este crimen.
El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, condenó y repudió este acto violento contra la vida de Rojas, pero trató de defender a su Gobierno de la responsabilidad que le atribuyen las organizaciones mencionadas.
Fuente Prensa Latina
