Ottawa, 17 abr (PL) La ministra canadiense de Relaciones Exteriores, Chrystia Freeland, afirmó hoy que el Gobierno defenderá los intereses de sus nacionales que realizan negocios con Cuba, a raíz de una polémica medida de Estados Unidos contra la isla.

Ottawa está profundamente decepcionada por el anuncio realizado este martes. Vamos a revisar todas las opciones en respuesta a la decisión de Washington, expresó la canciller en un comunicado.

Freeland hizo alusión así a las declaraciones poco antes del secretario norteamericano de Estado, Mike Pompeo, quien anunció la decisión de la Casa Blanca de implementar por completo el Título III de la controvertida Ley Helms-Burton contra Cuba a partir del próximo 2 de mayo.

Ese acápite permite a los tribunales estadounidenses juzgar a compañías de terceros países que invirtieron en el territorio cubano en propiedades nacionalizadas tras el triunfo de la Revolución, el 1 de enero de 1959.

Desde la entrada en vigor de esa ley en 1996, los sucesivos presidentes norteamericanos suspendieron el Título III cada seis meses ante el rechazo mundial debido a su marcado carácter extraterritorial y violatorio del derecho internacional.

La jefa de la diplomacia canadiense recordó que en varias oportunidades manifestó a Pompeo sus inquietudes sobre el tema.

Resaltó que funcionarios canadienses y norteamericanos han tenido discusiones detalladas sobre la Ley Helms-Burton y la Canada’s Foreign Extraterritorial Measures Act, destinada a contrarrestar las normativas extraterritoriales del vecino país.

La Unión Europea (UE) y Canadá criticaron este martes la nueva postura de la Casa Blanca y amenazaron con acudir a la Organización Mundial del Comercio (OMC).

En una declaración firmada por Freeland, la alta representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Federica Mogherini, y la comisaria de Comercio, Cecilia Malmstrom, ambas partes lamentaron la decisión del presidente Donald Trump.

La aplicación extraterritorial de medidas unilaterales sobre Cuba es contraria al derecho internacional. La UE y Canadá estamos dispuestos a trabajar juntos para proteger los intereses de nuestras compañías mediante acciones en la OMC y a través de la prohibición de la ejecución o reconocimiento de sentencias extranjeras basadas en el Título III, añadió el texto.