Tegucigalpa, 5 jun (RHC) Las movilizaciones contra la posible privatización de la salud y la educación en Honduras empezó a poner límites al gobierno de Juan Orlando Hernández, considerado por parte de la ciudadanía abusivo y autoritario, refirieron estudiosos.
De acuerdo con Eugenio Sosa, analista político senior del Centro de Estudios para la Democracia (Cespad), nuevos desafíos en la lucha popular contra la privatización suponen la derogación de los decretos ejecutivos en los sectores sanitario y educativo.
El especialistas recordó que tras un mes de protestas en todo el territorio nacional, y sobre todo, de las movilizaciones disruptivas, combativas y beligerantes de los días 30 y 31 de mayo de 2019, el Gobierno se vio obligado a derogar los decretos ejecutivos (PCM).
Sin embargo, en opinión de Sosa, el mandatario busca demostrar que las derogaciones son producto del diálogo y de un pacto con la dirigencia magisterial, cuestionada por sus bases luego de la publicación de casos de corrupción en el Ministerio Público.
El analista consideró que la derogación de tales decretos constituye una victoria muy importante para la los gremios de la salud y la educación, y para la lucha popular en general.(Fuente:PL)
