Asunción, 29 jul (RHC) El canciller paraguayo, Luis Alberto Castiglioni, uno de los protagonistas de la firma del acuerdo con Brasil sobre la compra de potencia a Itaipú, divulgó la posibilidad de renunciar a su cargo debido a las protestas desatadas en el país por ese hecho de corrupción.

También hicieron dejación de sus titularidades el presidente de la Administración Nacional de Electricidad, Alcides Jiménez, y el embajador paraguayo en Brasil, Hugo Saguier.

Se conoció que esa terna de nombres se encuentran en la lista de pedidos de remoción, luego de que Brasil y Paraguay firmaron en mayo y en secreto un convenio sobre la compra de energía a esa hidroeléctrica binacional.

Debido a ello y por no querer firmar ese pacto, renunció el 24 de julio el anterior presidente de la ANDE, el ingeniero Pedro Ferreira, una acción que puso al descubierto la negociación secreta.

Conocedores dijeron que el anuncio de Castiglioni referente a los contactos que tendrá con el Gobierno de Brasil en los próximos días para anular ese pacto fue una carta que se jugó el Gobierno por la presión de las protestas de todos los sectores sociales de Paraguay.

Sin embargo, aseguraron que Castiglioni, Jiménez y Saquier no renunciaron y que con esa acción de entregar sus cargos dejaron en manos del presidente Mario Abdo Benitez -única persona con potestad para quitar y poner funcionarios en puestos clave-, sus destinos políticos.

Según el exgerente técnico de la Administración Nacional de la Electricidad (ANDE) Fabián Cáceres, quien dimitió días después de Ferreira, el pacto con Brasil impone los niveles de contratación a esa institución que para este año ya se incrementó en un cinco por ciento.

Cáceres explicó que se obliga a Paraguay a comprar más energía segura (energía a mayor costo), lo que, en consecuencia, implica adquirir menos excedentes (energía barata).

La alianza establece un aumento en la adquisición de potencia que llegará al ocho por ciento para el 2019 y, viendo las previsiones hasta el 2022, se traduce en un sobrecosto del 70 por ciento para la estatal, 250 millones dólares, señaló el exgerente técnico de la ANDE.