Sao Paulo, 12 ago (RHC) Un manifiesto firmado por 17 juristas, abogados, exministros de Justicia y exmiembros de tribunales superiores de ocho países pidieron al Supremo Tribunal de Justicia (STF) de Brasil que libere al expresidente Luiz Inácio Lula da Lula.
'Las recientes revelaciones del periodista Glenn Greenwald y del equipo del sitio de noticias The Intercept, en asociación con los periódicos Folha de Sao Paulo y El País, la revista Veja y otros medios, han horrorizado a todos los profesionales del derecho.
Nos sorprendió ver cómo se violaron las reglas fundamentales del debido proceso brasileño sin ninguna vergüenza (en el proceso contra Lula)', denuncian los firmantes en el documento, señala Prensa Latina.
Detallan que en 'un país donde la justicia es igual para todos, un juez no puede ser juez y parte en un caso', en alusión a las revelaciones hechas por el llamado Vaza Jato (trabajo de filtración, divulgación y elaboración de reportajes sobre conversaciones entre diferentes agentes y órganos de justicia coordinadores de la operación anticorrupción Lava Jato).
Citados por el portal Rede Brasil Atual, los abogados llaman la atención sobre la conducta del exjuez y ministro de Justicia, Sergio Moro, quien no fue imparcial durante el proceso contra Lula y aún así comandó la acusación.
'(Moro) manipuló los mecanismos del laudo, dirigió el trabajo del fiscal, exigió el reemplazo de un fiscal con el que no estaba satisfecho y tuteló la estrategia de comunicación del fiscal', precisan los signatarios del texto.
Remarcan que el exmagistrado colocó a los abogados del exidirigente obrero por teléfono y 'decidió no cumplir con el fallo de un juez que ordenó la liberación de Lula, lo que viola la ley gravemente'.
Actualmente está claro que Lula no tenía derecho a un juicio justo, señalan los juristas.
'Debido a estas prácticas ilegales e inmorales, la justicia brasileña está experimentando una grave crisis de credibilidad dentro de la comunidad jurídica internacional', apuntan. Desde el 7 de abril de 2018 el expresidente cumple en la sede de la Policía Federal de Curitiba, capital del sureño estado de Paraná, una condena de ocho años y 10 meses de prisión por corrupción pasiva y lavado de dinero, pero niega todas las acusaciones.
(Prensa Latina)
