Brasilia, 23 oct (RHC) El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil reanuda hoy el juicio sobre tres acciones que abordan la legalidad de la prisión tras la condena en segunda instancia, lo cual podría beneficiar al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva.

En la primera de las sesiones, realizada el 17 pasado, tuvo lugar la fase de alegaciones orales en el Supremo, en la cual las partes interesadas presentaron versiones en contra y a favor de la llamada finalización anticipada de la sentencia, recuerda Prensa Latina.

La corte superior tiene este miércoles en agenda analizar tres llamadas Acciones Declaratorias de Constitucionalidad (ADCs). Tales demandas fueron presentadas por la Orden de Abogados de Brasil (OAB) y los partidos Patriota y Comunista de Brasil (PcdoB).

En el 2016, la mayoría de los ministros decidió que el magistrado podría solicitar la detención de los acusados, cuya condena fue confirmada en segunda instancia. Sin embargo, el párrafo 57 del artículo cinco de la Constitución establece que 'nadie será considerado culpable hasta que se dicte una sentencia firme e inapelable'.

Los documentos presentados por la OAB, Patriota y el PCdoB cuestionan las decisiones del STF que permitieron el inicio de cumplimiento de pena de prisión después de la condena del acusado sea confirmada por un tribunal de segunda instancia.

Tal caso involucra directamente a Lula. Si se aceptan los argumentos de los ADCs, el exdirigente obrero, quien cumple prisión política desde el 7 de abril de 2018, seguiría siendo procesado, pero, en teoría, debería esperar en libertad el resultado de los casos en los que se le acusa.

Además de este juicio, al menos otros dos tienen que ver con su situación. La primera es el colofón de la decisión sobre la nulidad de los casos en que denunciados y delatores se manifiesten en el mismo momento del proceso.

La mayoría de los ministros ya comprendió que por este acto se viola el derecho de defensa de los acusados.

Dependiendo de cómo se aplique esta posición en la práctica, la condena de 12 años y 11 meses contra Lula en el llamado caso del sitio de Atibaia puede ser anulada.

La denuncia establece que la finca en Atibaia (en el interior del estado de Sao Paulo) supuestamente fue entregada como coima, acusación que el expresidente niega en todo momento.

De igual manera si el tribunal se pronuncia a favor de las garantías constitucionales, otras cinco mil personas, con derecho a apelar, pueden ser puestas en libertad.

(Prensa Latina)