Santiago de Chile, 11 dic (RHC) Una acusación constitucional presentada por partidos de oposición contra el presidente Sebastián Piñera fue aprobada, este miércoles, por una comisión de diputados, en un primer paso dentro de ese proceso.

El grupo, formado por cinco legisladores de los partidos Socialista, Comunista y Democracia Cristiana, (de oposición) así como de Renovación Nacional y Unión Demócrata Independiente (del oficialismo) apoyó por tres votos a favor y dos en contra avanzar en el análisis de la acusación.

Ahora le corresponde al plenario de la Cámara de Diputados analizar mañana la acusación contra el primer mandatario a partir de ese informe, aunque no es vinculante, y emitirá su voto en esa sesión, que de ser favorable pasaría a discusión del Senado, que diría la última palabra.

El texto de la acusación exige la destitución del jefe de Estado por su responsabilidad en las reiteradas violaciones de los derechos humanos durante el estado de excepción y posteriormente, cometidas por agentes policiales contra la población que se manifiesta en las calles desde el 18 de octubre.

Desde la ciudad de Valparaíso, sede del Congreso Nacional, el diputado comunista, Boris Barrera, señaló que el fallo de la comisión -de la cual forma parte- es una señal positiva para el país y la comunidad internacional sobre lo que está ocurriendo en Chile.

Puntualizó que la defensa de Piñera trata de desvincular al gobernante de las violaciones de derechos humanos, lo cual todo el mundo reconoce, hasta el propio presidente, quien la víspera expresó que deben ser condenados quienes cometan esas violaciones o permitan que sean perpetradas.

Paralelamente a los resultados de la comisión, este miércoles transcurre también una sesión especial de la Cámara Alta para analizar otra acusación constitucional, prácticamente por las mismas razones, contra el exministro del Interior, Andrés Chadwick, cuyos resultados se conocerán esta noche.

De ser mayoritario del voto de los 43 senadores a favor de la acusación contra Chadwick, este quedaría privado de ocupar cargos públicos en los próximos cinco años.Fuente:PL)