Valoran de riesgoso escenario electoral en Bolivia

Editado por Nuria Barbosa León
2020-02-02 17:52:06

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Candidato a la presidencia por el Movimiento Al Socialismo (MAS), Luis Arce

Buenos Aires, 2 feb (RHC) El candidato a la presidencia por el Movimiento Al Socialismo (MAS), Luis Arce, calificó de alto riesgo el ambiente  electoral en Bolivia y garantías para comicios democráticos y transparentes.

Arce declaró al diario Página 12 de Argentina que la situación actual en la nación andino amazónica con un gobierno de facto no garantizará que los votos emitidos en las urnas el 3 de mayo próximo sean leídos posteriormente en el Tribunal Electoral.

También estamos viendo en el país que la presidenta de facto, Jeanine Áñez, nombró al presidente del Tribunal Supremo Electoral, Salvador Romero, y a varios de los directores de esta entidad y ella misma se postula, denunció.

Resaltó la persecución política y amedrentamiento del régimen golpista contra dirigentes del MAS, organizaciones sociales y exfuncionarios del gobierno de Evo Morales (2006-2019).

Sobre el trabajo del líder indígena como jefe de campaña, asilado en Argentina, aseguró que se mantiene informado de lo que ocurre en Bolivia, además de mantener una estrecha comunicación con vista a la contienda electoral derivada del golpe de Estado de noviembre pasado. “Está muy claro que nosotros tenemos que hacer todo el esfuerzo para ganar en primera vuelta. No solo para evitar el riesgo de una segunda vuelta, sino por el potencial de votación que tenemos”, enfatizó.

Arce lamentó la violación de tratados internacionales por el régimen golpista al detener la víspera de forma arbitraria al exministro de Minería César Navarro y el exviceministro de Agricultura Pedro Dorado, cuando se disponían a viajar hacia México tras recibir el salvoconducto, aunque ya fueron liberados.

Patricia Hermosa, apoderada del expresidente Evo Morales, continúa detenida y a la espera de una audiencia cautelar ante el Tribunal de Justicia de La Paz por presuntos delitos de terrorismo y sedición.

La abogada boliviana, también exjefa de gabinete de Evo Morales, tramitaría su inscripción para postularse como candidato a un puesto en la Asamblea Legislativa Plurinacional y fue arrestada de forma arbitraria el viernes pasado por la Fuerza Especial de Lucha Contra del Crimen (Felcc).

Documentos personales del líder aymara como su libreta militar y el Poder Notarial fueron retenidos por las autoridades golpistas, hecho que denunció el exmandatario boliviano.
Morales, asilado actualmente en Argentina, confirmó la denuncia ante la Fiscalía y acusó a Arturo Murillo, ministro de Gobierno nombrado por la autoproclamada presidenta Jeanine Áñez, y al coronel Iván Rojas, director nacional de la Felcc.

El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, saludó la liberación de dos exfuncionarios de la administración de Evo Morales tras su ilegal aprehensión por parte de las autoridades de facto de Bolivia.

A través de la red social Twitter, Arreaza repudió la impunidad y el irrespeto al derecho internacional que caracteriza la gestión del gobierno golpista de Jeanine Añez.

“Gracias a la presión internacional, se logró que se respetara el derecho al asilo de los compañeros bolivianos, César Navarro y Pedro Damián. El grupúsculo que usurpa el gobierno en Bolivia, parece no tener límites. Nuestro reconocimiento al equipo diplomático de México en La Paz”, escribió el titular en la plataforma comunicacional.

Más temprano, el Ministerio de Gobierno del régimen golpista en Bolivia reconoció el “error” de arrestar de forma arbitraria a los dos exfuncionarios con salvoconductos extendidos para viajar a México.

El exministro de Minería César Navarro y el exviceministro de Agricultura Pedro Dorado permanecieron refugiados 82 días en la embajada de México en La Paz tras la asonada golpista que dio al traste a finales de 2019 con el gobierno legítimo de Evo Morales.

El arresto de los exfuncionarios del gobierno de Evo Morales (2006-2019) provocó múltiples muestras de rechazo en las redes sociales por la persecución política y las violaciones a los tratados internacionales por el régimen golpista.



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