París, 21 feb (RHC)  La Asamblea de Ciudadanos Argentinos en Francia, presentó  un informe en París sobre la vulneración de derechos humanos en Bolivia, por parte del gobierno de facto, realizado por una delegación multidisciplinaria que visitó el país andino-amazónico.
      
El grupo, integrado por abogados, activistas, representantes sindicales y de organizaciones sociales, documentaron numerosos casos de violaciones graves durante los días 28, 29 y 30 de noviembre de 2019.
      
Pablo Pimentel, integrante de la delegación y miembro de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Argentina intervino desde Buenos Aires por videoconferencia y explicó a los asistentes cómo fueron retenidos e interrogados por agentes de la Interpol a su llegada al aeropuerto de Santa Cruz, en Bolivia, impidiendo la entrada al país a algunos de los miembros de la misión.
       
El veterano defensor de derechos humanos, refirió hechos violentos y manipulación de pruebas por parte de las autoridades bolivianas para tratar de ocultar numerosos crímenes de lesa humanidad que eran copia de las vividas durante la dictadura argentina.

El candidato a la vicepresidencia de Bolivia por el Movimiento al Socialismo David Choquehuanca, afirmó que la inhabilitación política de Evo Morales es un golpe a la democracia del país.
   
La víspera se conoció que el Tribunal Supremo Electoral inhabilitó la candidatura del exmandatario a primer senador por el departamento de Cochabamba, de cara a las elecciones generales del próximo tres de mayo.
   
Según el ente electoral, Evo Morales no cumple con el requisito de residencia en el país durante los dos últimos años de manera ininterrumpida, razón desmentida por sus abogados, analistas y partidarios.
    
De acuerdo con las leyes de esa nación, la residencia está en el lugar donde la persona ejerce su actividad principal, y en ese caso Morales ejerció sus derechos políticos en el departamento de Cochabamba en 2019 y antes, en las elecciones de 2014.
 
El Tribunal Supremo Electoral ha sido cuestionado por decidir en respuesta a presiones del gobierno de facto y sectores de la derecha boliviana, empeñados en dejar fuera de la carrera electoral a los representantes del Movimiento Al Socialismo.