Montevideo, 19 may (RHC) La principal central sindical de Uruguay rechazó un proyecto de ley de Urgente Consideración, impulsado por el Gobierno para realizar cambios en la economía, la educación y las empresas públicas, entre otros, y anunció que está analizando la realización de un paro parcial contra la propuesta.

"La urgencia es el trabajo, no este paquete de medidas; Uruguay tiene cerca de 400 000 hogares o personas ganando menos de 20 000 pesos líquidos [453 dólares], y esa es una urgencia", sostuvo en un comunicado el presidente del Plenario Intersindical de Trabajadores - Convención Nacional de Trabajadores (PIT-CNT), Fernando Pereira. El dirigente añadió que "más de 100.000 uruguayos" han caído en la pobreza.

Actualmente el Parlamento uruguayo está tratando una ley de Urgente Consideración enviada por el Poder Ejecutivo, que en sus más de 500 artículos apunta a modificar aspectos de economía; educación; seguridad pública; empresas públicas; y las relaciones laborales, entre muchos otros.

La propuesta generó rechazo de movimientos sociales y del opositor Frente Amplio (izquierda), que señalan que implica un retroceso en diversas áreas.

El PIT-CNT considera que el debate debería girar en torno a cuáles son las mejores políticas para salvaguardar el aparato productivo con sus puestos de trabajo y de qué manera se puede mitigar el impacto sobre quienes están en peores condiciones para afrontar la crisis del COVID-19.

El comunicado también señala que se deberían destinar políticas para los feriantes, monotributistas, los trabajadores ambulantes y las camionetas escolares, entre otros.

"Son éstas las urgencias que el movimiento sindical cree que se deberían considerar hoy en el Parlamento; pero por el contrario, no encontramos en el articulado de la ley temas que refieran a las urgencias, dolores y sufrimientos de los uruguayos, de forma tal, que hemos rechazado la ley tanto por la forma como por el contenido", dijo Pereira.

Además, la central sindical afirmó que el nuevo paquete de medidas limita el derecho de huelga y debilita a las empresas públicas.

"La idea de disminuir el rol del Estado también se manifiesta en varios planos, algo bastante paradójico en momentos en que el rol del Estado es fundamental para afrontar una crisis como la que estamos atravesando y donde vienen siendo los países con mayor alcance en las políticas públicas los que mejor preparados están para paliar con la gravedad de la situación", reflexionó el dirigente.

El 14 de febrero, distintos analistas sostuvieron que la ley de urgente consideración podría generar un mayor conflicto social, que podría desencadenar en protestas como las que se observaron en algunos países de la región durante el año pasado.

Desde el Frente Amplio y algunas organizaciones sociales se cuestiona que la ley restringe el derecho a huelga, limita la negociación colectiva, "criminaliza la protesta social" y desmonopoliza la importación, exportación y refinación de combustibles.

El proyecto de ley ingresó al Senado el 23 de abril, y por su carácter de urgente tiene 45 días para ser analizada y eventualmente modificada por esa Cámara, que luego enviará el texto a Diputados, que tendrá 30 días para realizarle modificaciones.

Si el texto es modificado, vuelve al Senado, que tendrá 15 días para analizarlo; en caso de no recibir cambios en la Cámara Baja, el articulado pasa a la Asamblea General (diputados más senadores), que contará con diez días para su discusión.

Si no hay pronunciamiento pasados esos diez días, el proyecto se considerará sancionado "en la forma en que lo votó la última cámara que le prestó expresa aprobación", según el artículo 168 de la Constitución.

Fuente: Sputnik