Caracas, 27 nov (RHC) Las principales organizaciones políticas de Venezuela involucradas en la contienda electoral coinciden hoy en el rechazo a las medidas coercitivas implementadas por Estados Unidos contra la nación sudamericana.
Más allá de las diferencias ideológicas entre los partidarios del Gobierno bolivariano y los de la oposición, la urgencia de enfrentar el impacto de las denominadas sanciones desde la nueva Asamblea Nacional (Parlamento unicameral) constituye factor común en los discursos de campaña rumbo a los comicios del 6 de diciembre.
Durante el tercer debate parlamentario organizado de cara a las venideras elecciones, transmitido por Globovisión, la candidata del Gran Polo Patriótico Cilia Flores enfatizó que las medidas coercitivas de Estados Unidos afectaron en primer lugar el nivel adquisitivo de la clase trabajadora al influir en el desplome de los salarios.
La representante del bloque unitario conformado por el Partido Socialista Unido de Venezuela y sus aliados, recordó que sectores de la extrema derecha conspiraron desde el seno de la actual Asamblea Nacional para promover las acciones de asfixia económica contra el país.
Flores aseguró que tras la instalación del nuevo parlamento el 5 de enero de 2021, los diputados del Gran Polo Patriótico trabajarán de conjunto con el Ejecutivo en la implementación de la Ley Antibloqueo, instrumento jurídico diseñado para la reactivación del aparato productivo en el escenario de guerra económica.
La candidata socialista pidió coherencia a los voceros de la oposición que denuncian las medidas coercitivas pero al mismo tiempo se aprovechan de sus efectos nocivos para ganar votos en las elecciones parlamentarias, al atribuir a la gestión gubernamental la mayor responsabilidad de la crisis económica existente.
Reiteró además la voluntad de impulsar desde el Parlamento el enjuiciamiento de personeros de la oposición liderados por el diputado golpista Juan Guaidó -reconocido por Washington como presidente encargado-, quienes promovieron la imposición de sanciones y el bloqueo de activos del país, e hicieron de esta política un negocio.
El dirigente del partido opositor El Cambio, Javier Bertucci, afirmó que las acciones punitivas de Washington van en contra del país, causan sufrimiento y desmejoran la calidad de vida de la población.
Cualquier sanción atenta contra los intereses de la nación y la cotidianidad de los venezolanos, afirmó el candidato a diputado y otrora aspirante presidencial, quien abogó por iniciar un acercamiento con el nuevo gobierno estadounidense en busca de acuerdos que conduzcan a la flexibilización o levantamiento de esas medidas.
Debido al bloqueo de Estados Unidos, entre 2014 y 2020 Venezuela experimentó la pérdida del 99 por ciento del volumen de ingreso en divisas, de más de 50 mil millones a alrededor de 400 millones de dólares anuales, de acuerdo con cifras oficiales.
El máximo dirigente de Acción Democrática, Bernabé Gutiérrez, señaló que las llamadas sanciones estadounidense resultaron un total fracaso, y descartó la injerencia extranjera como parte de la solución a las problemáticas existentes en el país.
Gutiérrez planteó la necesidad de impulsar el diálogo constructivo entre los poderes ejecutivo y legislativo para avanzar en el desarrollo del país sin la intromisión de factores externos.
De acuerdo con denuncias del Gobierno venezolano, el bloqueo implementado contra el país desde 2015 constituye la materialización en el campo económica de una política de guerra multiforme.
El objetivo central de estas acciones radica en asfixiar la economía de Venezuela hasta hacerla colapsar para generar una crisis interna que justifique una intervención externa con supuestos fines humanitarios, pero dirigida a provocar un cambio de régimen.
Más de 20 millones 700 mil venezolanos están llamados a participar en los venideros comicios legislativos, signados por la postulación de más de 14 mil candidatos a la Asamblea Nacional, la mayoría de tendencia opositora.
(Prensa Latina)
