Jorge Rodríguez
Caracas, 17 abril (RHC) Revelaciones presentadas esta semana sobre maniobras de un sector de la oposición liderada por el exdiputado Juan Guaidó, para apropiarse de más de 53 millones de dólares secuestrados al Estado venezolano en bancos de Estados Unidos, signan hoy el panorama político en la nación sudamericana.
El presidente de la Asamblea Nacional, Parlamento, Jorge Rodríguez, divulgó en rueda de prensa, los audios sobre una reunión entre miembros del G4 -grupo de organizaciones del ala más radical de la oposición- para elaborar un presupuesto que debería ser aprobado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro.
En el encuentro participó el exdiputado de Voluntad Popular Sergio Vergara, quien firmó junto a Guaidó el contrato con la compañía estadounidense de seguridad Silvercorp para organizar la Operación Gedeón, mayo de 2020, dirigida a perpetrar un magnicidio y un golpe de Estado en Venezuela.
El 23 de enero de 2019, Juan Guaidó se autoproclamó presidente encargado del país, un acto apoyado por la administración estadounidense de Donald Trump y que abrió las puertas al bloqueo de miles de millones de dólares en bienes y activos del Estado.
Desde entonces este sector político conspiró para despojar a Venezuela de importantes bienes en el exterior, tales como la corporación petrolera Citgo (Estados Unidos), la petroquímica Monómeros (Colombia) y las reservas de oro en el Banco de Inglaterra. La partida de 53 millones de dólares estaría destinada a sustentar los gastos del inexistente gobierno paralelo, y áreas de acción como la defensa a la democracia, asuntos exteriores y comunicaciones, entre otros.
Asimismo, en la más reciente sesión ordinaria de la Asamblea Nacional, el titular solicitó incorporar los audios probatorios al expediente de denuncias elaborado por la comisión especial designada para investigar posibles delitos cometidos contra el patrimonio del país por la anterior legislatura.
Rodríguez advirtió además a las empresas nacionales e internacionales de las consecuencias legales derivadas de prestar servicios al pretendido gobierno encargado de Guaidó, los cuales serían pagados con fondos provenientes de activos bloqueados a la nación.
El comité parlamentario encargado de las pesquisas sobre irregularidades cometidas durante el período legislativo 2016-2021 prevé citar a unos 100 individuos involucrados en esas acciones. (Fuente: Prensa Latina)
